En los últimos años, la justicia en Guatemala ha experimentado un cambio drástico en su enfoque hacia la persecución de la corrupción, especialmente tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la llegada de Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público (MP). Según un informe de Plaza Pública, al menos 118 personas han sido beneficiadas con la clausura de casos, el descarte de pruebas y otras medidas judiciales que les han librado de juicios y de la cárcel.
La CICIG, antes de su salida del país en 2019, presentó 120 casos de corrupción. Plaza Pública ha analizado el estado actual de estos procesos y ha encontrado que en 35 de estos casos, más uno por graves violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno, 118 personas han sido beneficiadas. El resto de los expedientes siguen su curso, pero ninguno ha llegado a una sentencia firme. Este cambio en la justicia ha sido atribuido a la gestión de Consuelo Porras y su Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Un cambio notorio en la persecución de la corrupción
Uno de los casos más emblemáticos de este cambio es el de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. Sinibaldi tuvo cinco órdenes de captura y estuvo prófugo durante cuatro años (2016-2020). Se entregó y, aunque la policía lo detuvo, nunca fue visto con grilletes y probablemente nunca enfrentará un juicio.
Durante su tiempo como ministro, el Ministerio de Comunicaciones fue una de las instituciones más saqueadas por la corrupción, y los titulares de los últimos cuatro gobiernos también enfrentan acusaciones por malos manejos de fondos, sobornos y pagos injustificados en la construcción de carreteras. Además, Sinibaldi, junto a Manuel Baldizón, fue un actor clave en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelaciones, según reveló una investigación de la CICIG.
Las acusaciones contra Sinibaldi y otros se desbarataron desde el MP bajo la gestión de Consuelo Porras. La FECI, ahora liderada por Rafael Curruchiche, ha cambiado su enfoque, y los jueces han sido reemplazados bajo presión. Tras la salida de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI en julio de 2021, los procesos se convirtieron en desestimaciones, salidas de la cárcel, órdenes de captura revocadas, cambio de delitos y sentencias anuladas en tribunales. Las salas de apelaciones han sido las que más beneficios han otorgado, y el MP dejó de apelar en al menos 16 resoluciones.
Reconfiguración de las redes de macrocriminalidad
Según analistas, la exposición de las redes de macrocriminalidad a la luz pública provocó que estas se reconfiguraran y utilizaran el sistema judicial como mecanismo de impunidad. En un informe de 2019, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) y la Fundación Myrna Mack destacaron los avances de Guatemala en el fortalecimiento de sus instituciones judiciales, pero la salida de la CICIG y el cambio de estrategia en la FECI han revertido muchos de estos avances.
El cambio de rumbo en la persecución de los crímenes de corrupción en Guatemala tiene efectos profundos. La caída de los casos ocurre en un momento crucial, ya que el Congreso debe elegir a los nuevos integrantes de la CSJ y Salas de Apelaciones. Esta elección es fundamental para el futuro de la justicia en Guatemala. La salida de Juan Francisco Sandoval y la llegada de Rafael Curruchiche a la FECI marcaron un punto de inflexión. Curruchiche declaró que su labor sería «reencauzar los casos a la legalidad», pero en la práctica esto ha significado beneficios para políticos y empresarios sindicados de corrupción.
La impunidad y el regreso de la corrupción
Los datos procesados por Plaza Pública revelan que, tras la salida de Sandoval, los procesos han sido convertidos en desestimaciones y órdenes de captura revocadas. Las salas de apelaciones han sido las más indulgentes, y el MP ha dejado de apelar en muchos casos. Según Aníbal Argüello, exanalista criminal de la CICIG, los casos cerrados responden a redes de macrocriminalidad que operaban en un contexto profundo y organizado. Estas redes utilizan el sistema judicial como mecanismo generador de impunidad.
Alejandro Sinibaldi ha defendido públicamente su estrategia legal, asegurando que ha contado con una defensa técnica profesional y que las diferentes salas de apelaciones han resuelto a su favor en múltiples ocasiones. «Han dado a entender que he sido beneficiado por un sistema de justicia, pero más que beneficiado, he contado con una defensa técnica profesional y hemos aprovechado todas las herramientas que nos da el sistema de justicia guatemalteco», dijo Sinibaldi en abril de 2023.
La estrategia de Curruchiche
El fiscal Curruchiche, quien también acumula sanciones de 29 países, ha celebrado la anulación de declaraciones en casos emblemáticos como Odebrecht y Construcción y Corrupción. En 2022, solicitó una orden de captura contra su antecesor, Juan Francisco Sandoval, por supuestas anomalías. Sin embargo, los casos contra Sinibaldi han sido cerrados antes de llegar a juicio, y el exfuncionario busca recuperar propiedades extinguidas.
El exfiscal Sandoval, exiliado desde su destitución, ha señalado que el cierre de estos casos promueve la impunidad y alienta la corrupción. Según Sandoval, la falta de sanción penal debilita la prevención general y permite que los actos de corrupción queden sin castigo. La reestructuración del sistema judicial en Guatemala refleja una vuelta a un estado donde las redes de macrocriminalidad pueden operar con impunidad.
Este cambio en la justicia guatemalteca es un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción, y el futuro de la justicia depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
Fuente: Plaza Pública ( La reconfiguración de la justicia post Cicig: 118 acusados beneficiados bajo el MP de Porras)