La fiscal general, Consuelo Porras, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, tras su evidente entrometimiento en la elección de magistrados de las Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta vez, el Ministerio Público (MP) decidió investigar a la Comisión de Postulación para las Cortes de Apelaciones, en un movimiento que levanta serias interrogantes sobre la independencia del sistema judicial en Guatemala.
El 1 de octubre, la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP solicitó informes a la Comisión de Postulación, en respuesta a la denuncia de Luis Arturo Quiñonez Gil, un aspirante excluido que recibió un amparo provisional.
Esta solicitud se produce tras la decisión de la Corte Constitucional de anular los amparos que cuestionaban la renovación de las Cortes. Quiñonez Gil, quien se sintió agraviado por su exclusión del proceso, presentó una denuncia argumentando que la Comisión había actuado de manera arbitraria al ignorar la resolución judicial que ordenaba su inclusión.
Postuladora no le responde a Consuelo Porras
El MP ha dejado claro que la información solicitada es crucial para la investigación en curso. Sin embargo, la respuesta de la Comisión ha sido evasiva. Hasta el 2 de octubre, esta no había proporcionado la información requerida.
La sombra de la fiscal general se cierne sobre este escenario. Desde su llegada al cargo, Porras ha sido criticada por su falta de imparcialidad y su aparente inclinación a favorecer a ciertos candidatos, entre ellos a Dimas Jiménez, un fiscal regional cercano a su círculo.
Curruchiche arremete contra la postuladoras
Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), arremetió contra las Comisiones de Postulación, acusándolas de no respetar la constitución ni las leyes. «Sólo tenían que respetar y cumplir la constitución y las leyes; pero no lo hicieron. El que entendió, entendió», expresó en un tono revelador en su cuenta de X.
Este conflicto se agrava aún más por el hecho de que la elección de magistrados no ha avanzado en el Congreso debido a disputas internas. Mientras tanto, los fiscales del MP han sido vistos en el Congreso, aparentemente ejerciendo presión para que Jiménez sea incluido en la lista final de candidatos a magistrados. Esto plantea un preocupante escenario de posible corrupción y manipulación política en el proceso electoral, donde la búsqueda de justicia se ve eclipsada por intereses personales y partidistas.
La ciudadanía tiene el derecho de exigir claridad y transparencia en este proceso. La independencia judicial es un pilar fundamental para una democracia sana y funcional, y la intromisión de Porras, junto con las acciones del MP, pone en jaque este principio.
Los guatemaltecos deben permanecer alerta y demandar un sistema judicial libre de influencias corruptas que perpetúen la impunidad y socaven la confianza en las instituciones. La elección de los magistrados debe llevarse a cabo con la más estricta adherencia a la ley y sin la sombra de manipulaciones políticas que tanto daño han hecho a la justicia en el país.