A 18 días de que inicie la propaganda política, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha presentado acciones concretas para prevenir o impedir el financiamiento electoral ilícito durante este periodo.
Es de conocimiento público que, cada cuatro años, grandes cantidades de dinero ilícito inundan las finanzas de los partidos políticos, especialmente en las campañas electorales.
Sin embargo, a la fecha se desconoce cómo las autoridades atacan este flagelo. En el país se perfilan como los principales financistas políticos: contratistas del Estado, narcotraficantes, traficantes de personas, lavadores de dinero y otros grupos delictivos, según investigaciones de la CICIG.
Investigar y judicializar casos de financiamiento electoral ilícito
En ese sentido, la CICIG demostró que sí se puede investigar y judicializar. Tal es el caso, de Mario Estrada, excandidato presidencial Unión del Cambio Nacional (UCN), quien fue condenado por la justicia estadounidense a 15 años de prisión por narcotráfico.
Otro caso que se puede mencionar es el de Manuel Baldizón, quien buscó la Presidencia por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), y que ahora pretende una curul en el Congreso, con el partido CAMBIO.
Pero, por ahora, el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE resolvió no inscribir a Baldizón, debido a que se declaró culpable ante la justicia de EE.UU. por el delito de lavado de dinero y fue condenado a 50 meses de prisión.
Además, que se encuentra ligado a proceso penal en Guatemala por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y cohecho pasivo en los casos Transurbano y Odebrecht.
Partidos políticos sin cuentas bancarias
El no contar con una cuenta bancaria para documentar los movimientos financieros de la campaña política puede provocar que se incurra en lavado de dinero. Recientemente los partidos políticos se quejaron ante el TSE de tener problemas de bancarizar sus recursos.
Pese a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) establece que cada agrupación política debe contar con tres cuentas bancarias. Una para manejar fondos públicos, otra para administrar los privados y una más para manejar los utilizados en la campaña política.
La magistrada Irma Palencia, presidenta del ente electoral, atribuyó la responsabilidad de esta problemática a los diputados del Congreso, debido a que no aprobaron las reformas a la Leep.
Sin embargo, ofreció que buscarán tener un acercamiento con la Superintendencia de Bancos (SIB), pero advirtió que la respuesta no será inmediata.
Piden al TSE aplicar la ley sin discriminación
Por lo anterior, la Misión de Observación Electoral (MOE-GT) hace un llamado al TSE para la aplicación homogénea y sin discriminación de las leyes tal como lo establece la Constitución.
Los temas para evaluar por la MOE-GT van desde el desempeño del TSE en lo administrativo y lo electoral, el financiamiento de la campaña y el uso de recursos públicos con fines electorales.
Mientras que la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA, por su siglas en inglés) y Human Rights Watch, consideran que el “proceso electoral se está desarrollando en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones responsables de supervisar las elecciones tienen escasa independencia o credibilidad”.
Asimismo, señalan que observadores internacionales, en particular de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), deberían monitorear y denunciar los señalamientos de financiamiento electoral ilícito, incluso por parte de empresarios y de grupos de criminalidad organizada.
El 25 de junio de 2023 es la fecha electa para llevar a cabo las Elecciones Generales 2023 en Guatemala, según información confirmada por el TSE.
