Desde que Consuelo Porras tomó el cargo de Fiscal General ha trabajado en debilitar casos del Ministerio Público (MP) de forma progresiva. Ha utilizado el traslado de fiscales para congelar o acelerar casos, según denuncias presentadas por organizaciones de justicia.
Los cambios comenzaron en fiscalías de delitos electorales, contra la corrupción y el más notorio fue en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con la expulsión ilegal de Juan Francisco Sandoval.
Ahora Porras puso sus ojos en la Fiscalía de Derechos Humanos que ha avanzado casos contra exoficiales del ejército que participaron en casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y masacres durante el conflicto armado interno.
Porras decidió trasladar a la jefa de esta fiscalía, Hilda Pineda, hacía la fiscalía de delitos contra turistas. Personas que adversan el trabajo que el MP ha llevado a cabo en casos de violaciones de derechos humanos se habían quejado porque bajo el mando de Pineda se habían avanzado en varios casos.
Entre ellos el caso diario militar judicializado en mayo pasado acusando a 12 militares retirados por participar en desapariciones forzadas, secuestros, torturas y ejecuciones de 183 personas entre los años 1983 y 1985.
Organizaciones de las sociedad civil han mostrado su preocupación por el cambio ya que han observado que los traslados son una estrategia para detener los procesos. Como ha sucedido con el traslado de Stuardo Campo de la Fiscalía contra la corrupción. O del fiscal Eduardo Pantaleón quien tenía a su cargo investigaciones como las plazas fantasmas en el instituto de la víctima donde se vincula al secretario general del MP, Ángel Pineda.