Los hechos ocurridos en los últimos meses en el país han levantado la alerta sobre el peligro que corren jueces y fiscales en el sector justicia, pero ahora alcanza a defensores de derechos humanos. Según denunció el diputado Aldo Dávila, hay una persecución y criminalización en contra de defensores de derechos humanos. Por esto solicitó a la comunidad internacional su intervención por las denuncias que se han planteado.
El Congresista indicó que la persecución lleva varios meses. “Incluso se han recibido amenazas de muerte contra varios líderes de organizaciones civiles” explicó Dávila.
Los afectados han demostrado su descontento con el gobierno y creen que de allí vienen las represalias. El diputado explicó que el Ministerio Público (MP) no ha actuado ni avanzado en las investigaciones sobre estos hechos por lo que existe la sospecha que la Fiscalía está “solapando” a los responsables.
Según las denuncias recibidas quienes se han visto afectados por las amenazas se han pronunciado en temas de tierra, agua, labor comunitaria y democracia.
Hace unos días la Fiscal General decidió cambiar a la fiscal de derechos humanos, Hilda Pineda. Los analistas en temas de seguridad y justicia ven este movimiento como un esfuerzo más de la fiscal general, Consuelo Porras, para detener los avances que habían en casos del conflicto armado interno.