Sobrevivientes del conflicto armado, ante el temor que la Fiscal General, Consuelo Porras, busque que se paralicen los casos contra militares por violaciones de derechos humanos, decidieron emprender acciones legales.
La víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno (CAI) apoyados por otras agrupaciones sociales presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la decisión de Porras de remover a la fiscal de derechos humanos, Hilda Pineda. Además realizaron una protesta pacífica fuera de la sede central del Ministerio Público (MP).
Los inconformes explicaron a medios de comunicación que la destitución de Pineda fue porque ella promovió la captura de 12 exmilitares y expolicías vinculados al caso Diario Militar donde más de 100 personas fueron ejecutadas en la década de los años 80.
Los inconformes, además, entregaron una carta firmada por 1500 personas para que Pineda regresara a la fiscalía en dónde estuvo cinco años, desde el 2016 al 2021, antes que fuera removida el pasado 11 de octubre.
En su oportunidad el MP explicó que el cambio se debió a un plan para fortalecer la fiscalía, mejorar la efectividad y continuar con la disminución de la mora fiscal.
Sin embargo analistas del sector justicia han dicho que en varios casos el traslado del fiscal a cargo de investigaciones ha servido para paralizar las pesquisas y no para continuar con el trabajo de los fiscales destituidos.
