No es la primera vez que Guatemala atraviesa por un momento de oscurantismo político, pero vaya si no se ha complicado la situación, pues se ha perdido absolutamente toda institucionalidad, al tiempo que prevalece una amalgama de poder pocas veces vista en el pasado reciente, la cual controla los principales organismos y dependencias estatales.
El caso es que esta cooptación absoluta del Estado incluye a las cortes –Suprema (CSJ) y de Constitucionalidad (CC)–, al Ministerio Público (MP), y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), control que hace prácticamente imposible que funcione la democracia y, por lo tanto, los derechos ciudadanos se ven seriamente limitados, dependiendo directamente de la línea que dicte ese poder oficialista que apunta a perpetuarse.
En el año 1993 la institucionalidad y la democracia estuvieron a punto de colapsar, cuando Jorge Serrano pretendió tomar el control del Congreso y la CSJ en un golpe de Estado que provocó la repulsa doméstica e internacional, hasta que sucedió lo que por momentos parecía impensable: la CC reaccionó, defendió la institucionalidad y obligó al restablecimiento del orden constitucional, forzando la renuncia del presidente golpista y rescatando la democracia en un momento crítico.
La respuesta de la CC fue exactamente en la dirección de lo que establecen los mandatos de esa institución. Si no se hubiera producido la resolución en contra del intento de golpe de Estado, una dictadura pudo haberse establecido en Guatemala, con un presidente, Serrano, controlando plenamente los tres poderes del Estado y asumiendo una postura autocrática, de la cual nos hubiera costado salir indudablemente.
En resumen, la CC intervino y funcionó como el contrapeso de aquel poder político que pretendía pasar sobre la Constitución. Ello se logró porque los magistrados actuaban con independencia y sabían que su función era cumplir el mandato superior de hacer que se respete la Constitución.
Vale la pena recordar los nombres de aquellos magistrados titulares que hicieron valer el sistema legal del país: Epaminondas González Dubón, Jorge Mario García Laguardia, Edmundo Vásquez Martínez, José Gabriel Larios Ochaeta y Adolfo González Rodas. Ellos antepusieron el interés nacional al interés particular.
Gonzalo Marroquín Godoy