En medio de la creciente presión pública que exige la renuncia de altos funcionarios del Ministerio Público (MP), incluyendo a la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, la fiscal regional Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana, surge una nueva controversia: la utilización de pasamontañas, mascarillas y capuchas para cubrir sus rostros por parte de los fiscales durante los allanamientos.
Esta práctica, que ha sido documentada en una serie de videos por medios de comunicación, revela un cambio notable en la forma en que los representantes del MP llevan a cabo sus operativos. El uso de pasamontañas y armamento, como se evidencia en el allanamiento al Registro de Ciudadanos el 13 de julio, donde se extrajeron expedientes electorales del Movimiento Semilla, ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad de dichas acciones.
En las grabaciones, se observa al personal del MP entrando al Registro de Ciudadanos con pasamontañas y fuertemente armado, dando la impresión de un operativo en una zona de alto riesgo. Esta táctica se repite durante allanamientos en instancias electorales y en el caso conocido como «Toma USAC: Botín Político». Incluso, se ha llegado al extremo de que fiscales cubran sus rostros hasta los ojos, como en el allanamiento a la vivienda de la excandidata a diputada del partido Semilla, Marcela Blanco.
Identifican a fiscales que se cubren el rostro
A través de las redes sociales, se identificó a dos de las fiscales que participaron en el allanamiento mencionado, Wendy Marisol Jordan Virula, una auxiliar fiscal involucrada en el caso contra el proceso electoral, junto con Leonor Morales Lazo. Este hecho generó un considerable malestar entre la población, que reaccionó negativamente a la práctica de ocultar el rostro durante los procedimientos legales.
El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa expresó su desaprobación, destacando que «en todos mis años como fiscal, JAMÁS usé un pasamontañas o me tapé la cara. Ni siquiera cuando las pandillas me amenazaban y tenía que andar con seguridad. La cobardía de no mostrar sus rostros es una señal más de la ILEGALIDAD que comenten».
Ciudadanos también se cuestionan el fundamento legal que permite a un fiscal del MP presentarse a un allanamiento con el rostro cubierto.
La polémica sobre este nuevo enfoque en los allanamientos resalta la importancia de la transparencia y la confianza en las instituciones encargadas de la administración de justicia.
La utilización de pasamontañas, en lugar de fortalecer la credibilidad del MP, ha avivado el descontento de la población y plantea interrogantes sobre la legalidad y ética de dicha práctica. Este hecho se agrega a la insatisfacción con la gestión administrativa de Consuelo Porras, la cual enfrenta crecientes llamados de diversos sectores para que presente su renuncia.