En un video de TikTok titulado «Defender el derecho a la educación pública NO es un crimen», la usuaria s.gabrielle24 arremete contra las acciones del Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras, calificándolas de ilegales. La crítica se basa en la supuesta violación del artículo 33 de la Constitución Política de Guatemala, que reconoce el derecho de reunión pacífica sin armas y establece que los derechos de reunión y manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, regulándolos únicamente para garantizar el orden público.
La usuaria también hace referencia al artículo 35, que garantiza la libertad de expresión sin censura ni licencia previa. Asegura que todas estas acciones se han desencadenado a raíz del Caso Toma de la Usac, en el cual estudiantes universitarios expresaron su descontento, especialmente en redes sociales, por la elección supuestamente ilegal de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El juez Cruz Rivera, mencionado en el video, vuelve a estar en el ojo público por autorizar diligencias de allanamiento para capturar a personas vinculadas al caso denominado «Toma de la USAC: botín político». En este contexto, el juez autorizó a la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación llevar a cabo las órdenes de aprehensión relacionadas con robos ocurridos durante el 2022, cuando las instalaciones de la USAC fueron tomadas por estudiantes universitarios.
Las órdenes de aprehensión incluyen cargos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita. Este controvertido caso continúa generando debate en torno a los límites del derecho de expresión y de reunión en Guatemala.