El expresidente de Congreso Pedro Muadi fue hallado culpable por sustraer fondos del Congreso por al menos 4.3 millones de quetzales mediante la figura de plazas fantasma en su período como presidente del Congreso.
La pena impuesta por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Olgy González, fue de 30 años y 8 meses inconmutables además de un pago de reparación por Q4 millones por los delitos de asociación ilícita, peculado y lavado de dinero.
En este proceso también fueron condenadas 28 personas más que estaban acusadas penalmente en este proceso.
Al finalizar la audiencia, Pedro Muadi dijo ante los medios que no se había podido demostrar que él tuviera algún beneficio (una cuenta bancaria, una casa, un carro o algo que lo beneficiara) pero el Tribunal tuvo claro que Muadi lideró una estructura criminal junto a empleados de confianza para sustraer fondos del Estado hacia una empresa de la que él era accionista mayoritario, administrador y gerente, permitiendo al menos la contratación de 30 personas que recibieron convenios laborales bajo el renglón 022 y emitiendo nombramientos bajo el renglón 011 a personas que nunca se presentaron a trabajar. La investigación determinó que Muadi le ofrecía ingreso extra a los trabajadores de su empresa particular pero en realidad el dinero lo obtenía haciéndoles firmar contratos y abriendo cuentas bancarias que ellos no manejaban.
Este es un logro del trabajo investigativo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial del Ministerio Público.
Antecedentes:
La investigación determinó que en el período 2013-2015, Claudia María Bolaños Morales (sentenciada), quien laboraba como administradora única de la empresa Productos Servicios y Equipos, S.A, propiedad del exdiputado Pedro Muadi Menéndez, tenía firma registrada en 30 cuentas a nombre de trabajadores del Legislativo quienes devengaban salarios desde Q7 mil hasta Q20 mil, con cargos de secretarias ejecutivas, asistentes administrativos, técnicos operativos y guardias parlamentarios. Sin embargo este personal no acudía a trabajar al Legislativo.
Los salarios se depositaban en concepto de pago de planilla a dichas cuentas, luego eran retirados por Bolaños Morales mediante cheques que posteriormente depositaba a cuentas de Muadi Menéndez, la mayor cuenta beneficiada fue la de su empresa en la cual se depositaron Q2,927,139.45. Otros fondos sustraídos fueron depositados a otras cuentas del diputado Muadi y de varios de sus trabajadores de confianza, entre ellos la sindicada Ximena Toriello Martínez del Rosal, secretaria privada de la presidencia del Congreso en 2013.
El 07 de junio de 2016 fueron condenados por su participación en este caso (a 17 y 11 años de prisión, respectivamente), Claudia María Bolaños Morales y José Estuardo Blanco Aguilar, colaboradores del exlegislador.