La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de rechazar las apelaciones presentadas por el Ministerio Público en el caso del expresidente Otto Pérez Molina ha generado un profundo cuestionamiento sobre la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial en Guatemala.
El Tribunal de Mayor Riesgo B otorgó una medida sustitutiva a Pérez Molina en el caso La Línea, permitiéndole permanecer fuera de prisión mientras espera la resolución de su sentencia de 16 años por corrupción. Esta medida ha sido controvertida desde su otorgamiento, y ahora, con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad, la sensación de impunidad se agrava.
Justificación a favor de Otto Pérez Molina
Los magistrados de la Corte justificaron su decisión argumentando que las acciones de la sala respectiva estaban debidamente fundamentadas en el derecho. Sin embargo, para muchos observadores, esta justificación resulta insuficiente e incluso cuestionable. ¿Cómo puede considerarse justa una decisión que permite a un expresidente condenado por corrupción permanecer en libertad mientras espera la confirmación de su sentencia?
La libertad condicional de Pérez Molina se ha logrado mediante el pago de una caución económica de Q10 millones, una cantidad que está fuera del alcance de la mayoría de los guatemaltecos. Este privilegio económico plantea interrogantes sobre la equidad y la igualdad ante la ley en un país donde la corrupción y la impunidad son males arraigados.
La resolución fue firmada por los magistrados Néster Vásquez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Juan José Samayoa Villatoro.
Señalamientos contra Pérez Molina
El 4 de enero, Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala implicado en casos de corrupción, quedó en libertad tras pagar Q10.3 millones de caución. Pérez Molina estuvo detenido desde septiembre de 2015 por dirigir una estructura de defraudación tributaria y corrupción. En diciembre de 2022, fue condenado a 16 años de prisión por dirigir La Línea, una red de defraudación en aduanas.
También fue sentenciado a 8 años de prisión en octubre de 2023 por el caso Cooptación del Estado, en el cual se declaró culpable de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero. Estas investigaciones fueron realizadas en conjunto por el Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Una CC a beneficio de los corruptos
La sociedad guatemalteca observa con indignación cómo aquellos que ocuparon los más altos cargos del Estado y traicionaron la confianza del pueblo pueden eludir la justicia gracias a tecnicismos legales y recursos económicos.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad refuerza la percepción de que en Guatemala, la justicia es un privilegio reservado para unos pocos poderosos, mientras que el resto de la población queda sujeta a un sistema judicial desigual y poco transparente.
Es hora de que las autoridades judiciales reafirmen su compromiso con la justicia y la equidad, actuando en beneficio del pueblo guatemalteco y no en favor de los intereses de unos pocos. La impunidad no puede seguir siendo la norma en Guatemala. Es fundamental que se investiguen a fondo las circunstancias que rodean esta decisión y que se tomen medidas para restaurar la confianza en el sistema judicial del país.