El poder Judicial guatemalteco se ha convertido en un terreno de batalla entre el presidente Bernardo Arévalo y figuras como el presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez Pimentel, y la fiscal general Consuelo Porras, quienes ejercen un poder considerable en el sistema judicial del país. Infobae revela cómo este enfrentamiento político está marcando el rumbo de Guatemala.
Néster Vásquez Pimentel, a punto de ser capturado en junio de 2021 por acusaciones de influencias ilegales en la nominación de magistrados, ha logrado evadir la justicia gracias al apoyo de Consuelo Porras, quien le otorgó inmunidad al juramentarlo como miembro de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, Néster Vásquez y Consuelo Porras se han convertido en figuras poderosas en Guatemala, desafiando las acciones del presidente Arévalo.
La fiscal general, conocida por su controversia y acusaciones de corrupción, ha enfrentado múltiples intentos de destitución por parte de Arévalo, quien ha denunciado la protección de Porras a redes de corrupción, incluso aquellas vinculadas al expresidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, Porras sigue en el cargo, mientras Arévalo intenta iniciar acciones legales en su contra.
Por su parte, Vásquez Pimentel ha pasado de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia a presidente del Constitucional, manteniendo su posición gracias a maniobras políticas y al apoyo de Porras. Este ascenso ha generado preocupaciones sobre la independencia judicial en Guatemala, especialmente después de que Estados Unidos incluyera a Vásquez en la llamada «Lista Engel» de funcionarios corruptos.
Presidente Arévalo Vs. poder judicial
La situación ha llevado a un enfrentamiento político entre el presidente Arévalo y el Poder Judicial, con el mandatario buscando remover a Porras de su cargo, aunque sus acciones se ven obstaculizadas por la falta de mayoría en el parlamento y la influencia de Porras en las altas cortes. Mientras tanto, Arévalo ha buscado apoyo internacional, destacando la importancia del caso Porras en sus conversaciones con el gobierno de Biden.
Infobae ha intentado obtener comentarios de los funcionarios judiciales guatemaltecos, pero no ha recibido respuesta. La persistencia de Porras en su cargo ha generado críticas, especialmente por el encarcelamiento de críticos como el periodista José Rubén Zamora, quien sigue detenido por cargos controvertidos. Mientras tanto, las acciones legales de Arévalo contra Porras continúan, aunque su éxito es incierto.
El enfrentamiento entre el presidente y el Poder Judicial no muestra signos de disminuir, con Arévalo luchando por recuperar el control del sistema judicial guatemalteco. La situación plantea interrogantes sobre la democracia y el estado de derecho en el país centroamericano, mientras las figuras clave de la política y la justicia continúan en un enfrentamiento que afecta profundamente a Guatemala.
100 días de gobierno
El asunto del uso político del Poder Judicial guatemalteco, y de su Ministerio Público, ha sido el que más ha ocupado las energías del presidente Arévalo, quien asumió el poder en enero pasado después de haber ganado las elecciones en agosto del 2023 y de varios intentos de Porras y del Constitucional por impedirlo.
Cuando dio su discurso a propósito de sus 100 días en el gobierno, el 24 de abril pasado, Arévalo volvió a referirse a su intención de procurar la destitución de la fiscal general Porras, algo que se escapa de sus atribuciones directas como presidente.
La eventual remoción de Porras también ha estado presente en conversaciones que Arévalo ha sostenido fuera del país, sobre todo en Washington, desde que era presidente electo. En noviembre pasado, en una reunión con corresponsales en la que Infobae estuvo presente, Arévalo aseguró que el asunto de Porras y la protección que ella da a redes de corrupción en Guatemala, incluidas las que atañen al expresidente Alejandro Giammattei, es uno de los más importantes en sus conversaciones con el gobierno de Joe Biden.
Porras, sin embargo, sigue ahí. Y ahí siguen, en la cárcel, algunos de los críticos de su gestión que le han señalado su complicidad con redes de corrupción como las vinculadas a Giammattei. En la cárcel sigue, por ejemplo, José Rubén Zamora, un influyente periodista capturado en junio de 2022 por Cinthia Monterroso, una de las fiscales preferidas de Porras, a quien Washington también ha listado como funcionaria antidemocrática y corrupta. El MP de Porras ha acumulado tres casos a Zamora que incluyen alegatos tan inverosímiles como acusarlo de obstrucción de justicia solo por comunicarse con sus abogados. La comunidad internacional, sin excepciones, ha condenado que Zamora siga en la cárcel. Pero él sigue ahí. Y Porras sigue siendo la fiscal general en cumplimiento de su segundo periodo al frente del MP, que concluye en 2026.
Arévalo, a pesar de estar imposibilitado por ley a destituir directamente a Porras, ha iniciado acciones legales contra ella. A principios de marzo, el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, denunció a Porras y a otros ante la Contraloría General de Cuentas de la República (CGC) por participar en la persecución política de dos guatemaltecos residentes en el extranjero, dos ex fiscales que dirigieron investigaciones contra los grupos de poder que apoyan a la fiscal general.
Arévalo también ha intentado, a través de su secretario general y del Procurador General de la Nación, iniciar un proceso de levantamiento de inmunidad a Porras por no asistir a una convocatoria girada por la autoridad presidencial. Este proceso administrativo debe de pasar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de ahí al Congreso, que es el cuerpo que al final decide en un caso así. Arévalo, sin embargo, no tiene mayoría en el parlamento. Aun así, de pasar el filtro legislativo, y ante una previsible apelación, todo terminaría en la Corte de Constitucionalidad (CC), donde hoy reina Néster Vásquez, un juez que debe mucho a Consuelo Porras.
Complicidad entre Consuelo Porras y Néster Vásquez Pimentel
Hoy en día, Vásquez Pimentel y Consuelo Porras son dos de las personas más poderosas de Guatemala. Él preside la Corte de Constitucionalidad, mientras que ella sigue al frente del Ministerio Público, a pesar de las críticas y acusaciones de corrupción y antidemocracia que pesan sobre ambos, incluso por parte del gobierno de Estados Unidos.
El presidente Arévalo ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de destituir a Porras, aunque esta decisión está fuera de sus atribuciones directas como presidente. Ha denunciado las acciones del MP y ha intentado iniciar procesos legales en su contra, pero enfrenta obstáculos políticos y judiciales para lograrlo.
Una de las principales preocupaciones del presidente Arévalo es el uso político del Poder Judicial guatemalteco, que ha intentado obstaculizar su gobierno desde su elección en agosto de 2023. A pesar de los intentos de destitución y de las acusaciones de corrupción, Porras continúa en su cargo y sigue protegiendo a sus aliados en el sistema judicial.
Porras ha sido cuestionada por su complicidad con redes de corrupción, incluso aquellas vinculadas al expresidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, sus esfuerzos para destituirla se han visto obstaculizados por la falta de apoyo en el Congreso y por la influencia que ejerce en el sistema judicial.
El presidente Arévalo ha buscado el respaldo internacional para su causa, especialmente en Washington. Ha denunciado los intentos de Porras y sus aliados de socavar la democracia en Guatemala, y ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar la corrupción en el país.
A pesar de las presiones y críticas, Porras continúa en su cargo, mientras que sus críticos, como el periodista José Rubén Zamora, permanecen en la cárcel. La situación política en Guatemala sigue siendo tensa, con un presidente luchando contra un sistema judicial que se ha convertido en un gobierno paralelo.