La reciente decisión de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo de no aceptar la apelación en el caso del exdiputado Julio Juárez ha generado una oleada de críticas en Guatemala. La resolución confirma la absolución de Juárez, quien fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Danilo Zapón López en 2015. Este fallo pone de manifiesto las debilidades y las controversias que persisten en el sistema judicial guatemalteco.
Contexto del caso Periodistas
El 10 de julio de 2015, en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez, el periodista Danilo Zapón López fue asesinado en un ataque armado que también cobró la vida del periodista Federico Salazar. La antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) acusó a Julio Juárez de haber coordinado el ataque en represalia por publicaciones críticas realizadas por Zapón López.
Según la FECI, Juárez mantenía comunicación constante con el grupo de sicarios que ejecutó el asesinato, proporcionando instrucciones precisas para seguir a Zapón.
La decisión de la sala
La Sala Primera de Apelaciones argumentó que la resolución del Tribunal de Mayor Riesgo B, que declaró inocente a Juárez, estaba apegada a derecho y, por lo tanto, no había motivos para anularla. Esta decisión reafirma la sentencia del 13 de mayo de 2022, cuando el tribunal, presidido por la jueza Irma Valdez, absolvió a Juárez.
En su momento, Valdez afirmó que «no se puede acreditar la existencia de un delito debido a que la vinculación del acusado con ese hecho fue presentada con deficiencias». Esta declaración no solo absolvió a Juárez, sino que también ordenó su inmediata libertad.
Críticas y controversias
La resolución ha sido duramente criticada por diversos sectores de la sociedad guatemalteca, incluyendo organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa. La decisión de la Sala es vista como un retroceso en la lucha contra la impunidad y un golpe a la justicia para las familias de los periodistas asesinados.
Las organizaciones sostienen que la absolución de Juárez refleja las fallas sistémicas en el sistema judicial, donde influencias políticas y económicas pueden entorpecer procesos judiciales justos y transparentes. La presión internacional y local para esclarecer el caso y hacer justicia parece haberse enfrentado a un muro de decisiones judiciales cuestionables.