El juez penal Fredy Orellana sancionado por Estados Unidos ordenó ampliar la investigación y suspensión en contra del partido oficial de Guatemala, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas irregulares en su fundación.
La decisión fue oficializada por el Ministerio Público (MP) con base a la decisión del juez Orellana, quien abrió el caso en 2023 tras los comicios generales de dicho año, donde Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, fue la gran sorpresa al colarse a la segunda vuelta y ganar la presidencial.
Tanto la cúpula del MP, bajo el mando de la cuestionada Consuelo Porras, como Orellana se encuentran sancionados bajo acusaciones de corrupción y el mismo Arévalo de León, hoy presidente de Guatemala, los señaló en septiembre pasado de querer llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra.
La extensión de la investigación y de la suspensión oficializada mantiene a los 23 diputados de Semilla como independientes, sin poder pertenecer a la junta directiva del Parlamento, entre otros privilegios retirados.
En ese sentido, por orden del cuestionado y sancionado juez Orellana, el Tribunal Supremo Electoral amplió por un año más la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica del comité pro formación del partido político Semilla. Esta medida cautelar se basa en la ley del crimen organizado, no en temas administrativos de la ley electoral, explicó el ente electoral.
Inmovilización de las cuentas bancarias de Semilla
El ente investigador también indicó que el juez Orellana “autorizó la inmovilización” de las cuentas bancarias del partido que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo de León, investido en enero pasado.
Desde que avanzó a segunda vuelta en junio de 2023, el Ministerio Público guatemalteco y el juez Orellana intentaron evitar la llegada al poder del gobernante con diversas acciones legales, incluidos varios allanamientos al TSE y también el decomiso de votos, una medida sin precedentes en el país centroamericano.
El caso en contra del partido oficial es por supuestas firmas falsas en la formación del partido en 2018, en un caso elevado a carácter penal y como delincuencia organizada pese a que la ley establece que es el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad al respecto.
Semilla se pronuncia
Por su parte, la diputada del Movimiento Semilla, Andrea Reyes, aseveró en sus cuentas oficiales que la situación del partido “no cambia en nada” y recordó que el juez sigue sin darles acceso al expediente en su contra, como ya denunciaron en más de 30 ocasiones.
De igual forma, fuentes de la agrupación política recordaron que la ley estipula que ninguna investigación penal puede extenderse más de un año y que la iniciada por el Ministerio Público supera dicho plazo.
Arévalo de León ha solicitado en diversas ocasiones la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a la que señala de corrupta y cuyo mandato culmina de manera oficial en 2026.