La fiscal general Consuelo Porras, conocida por su controversial liderazgo en el Ministerio Público (MP), ha vuelto a ser el centro de atención, pero no por sus logros, sino por su incapacidad de aceptar las críticas y responsabilidades. Recientemente, Porras utilizó las redes sociales del MP para difundir un video de más de 15 minutos, en el cual atacó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita a Guatemala. Este acto de desespero no solo demuestra su falta de autocrítica, sino también su intención de desviar la atención de su propia gestión corrupta.
La CIDH sugirió revisar el funcionamiento del MP, una recomendación que debería ser tomada como una oportunidad para mejorar. Sin embargo, Porras, en lugar de aceptar la crítica constructiva, optó por culpar al gobierno de Bernardo Arévalo. En su video, criticó la gestión del presidente, acusándolo de mentir sobre el trabajo del ente investigador y solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que destituya a varios funcionarios y procese al presidente. Este comportamiento es un claro intento de Porras de desviar la atención de sus propias fallas y de las múltiples sanciones internacionales por corrupción que ha recibido.
La jefa del ente investigador pidió la separación de los cargos del procurador general de la Nación, Julio Saavedra; del secretario general de la Presidencia, Gerardo Guerrero; del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos y del secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo.
La estrategia de la victimización de Consuelo Porras
Porras presentó una ejecutoria en la CC para que se cumpla con un amparo provisional otorgado en mayo, en el que se ordena que el Ejecutivo evite acciones que “coarten la autonomía funcional y económica del Ministerio Público”. Esta medida es una clara señal de su desesperación por mantener el control y evitar cualquier rendición de cuentas.
Porras argumenta que las críticas y señalamientos en su contra, especialmente en relación con el proceso electoral, son parte de un “patrón sistemático de ataque” contra el MP. Sin embargo, estas acusaciones no son más que una cortina de humo para ocultar su propia incompetencia y corrupción.
Un ataque a la libertad de expresión
La respuesta del gobierno de Arévalo no se hizo esperar. Las críticas hacia el MP por el supuesto secuestro del Padrón Electoral y otras acciones ilegales relacionadas con el proceso electoral son claras. Porras, en su video, niega estas acusaciones y asegura que no ocurrieron. Además, exige a la CC el “inmediato encausamiento” para iniciar el proceso penal contra el presidente Arévalo, a quien acusa de intentar tomar el control del MP. Estas acciones no solo son absurdas, sino que también representan un ataque flagrante a la libertad de expresión y a la democracia en Guatemala.
La realidad de la corrupción
Consuelo Porras ha sido sancionada por más de 40 países por su papel en favorecer la corrupción en Guatemala. Su video es un intento desesperado de defenderse de las críticas y recomendaciones de la CIDH, a las que acusa de estar dirigidas injustamente al gobierno de Arévalo. La fiscal general también responsabiliza a las protestas post-electorales del alza en el precio de la canasta básica, una afirmación sin fundamentos que refleja su desconexión con la realidad y su intención de manipular la opinión pública.
Una fiscal general en caída libre
La postura del gobierno ante el video de Porras es clara: se trata de una acción absurda y sin sentido, protagonizada por una fiscal general débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública y a la población. Su actitud no solo pone en riesgo la estabilidad del país, sino que también atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
En conclusión, Consuelo Porras ha demostrado una vez más que no está a la altura del cargo que ostenta. Su incapacidad para aceptar críticas y su tendencia a culpar a otros de sus propios fracasos la convierten en un símbolo de la corrupción y la desesperación en Guatemala. La ciudadanía y la comunidad internacional deben mantenerse vigilantes y exigir justicia y transparencia en el Ministerio Público. El futuro de Guatemala depende de ello.