Ligia Hernández, jefa del Instituto de la Víctima y cercana al presidente Bernardo Arévalo, fue detenida en el marco de una investigación impulsada por el cuestionado Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras.
La detención de Hernández, la primera funcionaria del gobierno de Arévalo en ser arrestada bajo la dirección de Porras, evidencia un nuevo capítulo en la ofensiva del MP contra el partido oficialista Movimiento Semilla.
El arresto de Hernández fue ordenado por Fredy Orellana, un juez sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su papel en la cooptación de la justicia en Guatemala.
Según el MP, la funcionaria es acusada de la «posible comisión del delito de financiamiento electoral no registrado», un cargo que parece formar parte de una estrategia más amplia de represión política dirigida por Porras.
“Hoy se comete una nueva injusticia a manos del Ministerio Público. Como parte del mal llamado ‘caso Corrupción Semilla’, han girado una orden de detención en mi contra y por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo”, declaró Hernández en redes sociales antes de su detención.
Porras y su persecusión contra Arévalo y Semilla
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el sancionado Rafael Curruchiche, inició en 2023 una investigación contra el partido Semilla después de que Bernardo Arévalo sorprendiera al pasar al balotaje presidencial.
El caso se basa en presuntas irregularidades en la conformación del partido, incluyendo una supuesta trama de lavado de dinero, por la cual la fiscalía también ha intentado retirar la inmunidad a Arévalo.
Gobierno rechaza captura de Hernández
El gobierno de Arévalo condenó la detención de Ligia Hernández en un comunicado, calificando los cargos como “espurios, basados en investigaciones reservadas y sin apego a nuestras leyes”.
“El gobierno sostiene que las investigaciones de la FECI y las acciones del juez Fredy Orellana carecen de credibilidad, lo que nos da plena confianza en la inocencia de Hernández y de cualquier otro acusado en estos casos,” se lee en la nota oficial.
El boletín también destaca que varios organismos internacionales han alertado sobre actores antidemocráticos atrincherados en el Ministerio Público, que buscan socavar las instituciones democráticas y poner en riesgo la seguridad nacional.
“El ataque de la minoría corrupta contra Hernández solo confirma lo que el pueblo de Guatemala ya sabe y lo que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido: actores antidemocráticos en el Ministerio Público están intentando desmantelar nuestras instituciones democráticas,” añade el comunicado.
Ligia Hernández, de 42 años, fue diputada de Semilla junto a Arévalo entre 2020 y 2024 y, el 1 de febrero pasado, fue designada por el presidente para dirigir el Instituto de la Víctima, una entidad que asiste a personas afectadas por delitos en su acceso a la justicia y busca su reparación digna.
“Este ataque desesperado de la fiscalía no es más que un intento perverso de silenciar, oprimir y extinguir cualquier esfuerzo por recuperar nuestro país, que sigue capturado por un grupo de criminales,” declaró Hernández minutos antes de ser detenida en su despacho, en un video publicado en la red social X.
El caso se mantiene “bajo reserva,” lo que limita el acceso al expediente solo a las partes involucradas. Sin embargo, el Movimiento Semilla ha denunciado que tampoco ha tenido acceso a la información, una decisión que expertos consideran ilegal.
Porras, señalada como «corrupta» y «antidemocrática»
El presidente Arévalo mantiene una pugna con Consuelo Porras, señalada como «corrupta» y «antidemocrática» por Estados Unidos y la Unión Europea.
En 2023, Arévalo acusó a Porras de intentar llevar a cabo un «golpe de Estado» para evitar su investidura, la cual finalmente se llevó a cabo de manera accidentada en enero pasado.
Aunque Arévalo no tiene las facultades para destituir a la fiscal, presentó una iniciativa de ley al Congreso para hacerlo, pero el proyecto no ha avanzado.
En respuesta, Porras solicitó a la máxima instancia de justicia que procese al mandatario por intentar removerla.