Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), lanzó un nuevo ataque contra la institucionalidad y el Estado de Derecho, esta vez dirigiendo su amenaza al Ministerio de Gobernación (Mingob) y a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). A través de un comunicado, el ente investigador aseguró que estas entidades están obligadas a seguir sus órdenes y advirtió que quienes no cumplan enfrentarán consecuencias legales.
Este mensaje no es una simple advertencia: es una estrategia para consolidar un control autoritario en un momento en el que su liderazgo está más cuestionado que nunca. Apenas un día antes, el presidente Bernardo Arévalo declaró públicamente que la PNC no ejecutará órdenes ilegales provenientes del MP, describiéndolo como un ente “criminalizador y arbitrario”.
Consuelo Porras al servicio del abuso
El comunicado del MP es un intento evidente de intimidar a quienes buscan frenar los abusos de Porras. En lugar de aceptar la supervisión y el balance de poderes que establece la Constitución, Porras se aferra al poder, utilizando resoluciones de la Corte de Constitucionalidad como herramienta para justificar su autoritarismo. Sin embargo, su insistencia en la autonomía de la Fiscalía se desmorona cuando esta autonomía se convierte en licencia para violar derechos y perseguir opositores.
La advertencia a la PNC refleja un patrón preocupante: el uso de la intimidación como método de gobierno. En lugar de garantizar investigaciones justas y transparentes, Porras se enfoca en amenazar a quienes no se alineen con sus órdenes, en un intento desesperado por mantener el control absoluto.
Porras contra la democracia
El mensaje de Consuelo Porras no solo es una muestra de su abuso de poder, sino también un ataque directo a la democracia. Su gestión al frente del MP ha estado marcada por la persecución de críticos, la criminalización de opositores políticos y el uso arbitrario de la justicia como herramienta de represión.
En un país que lucha por preservar su institucionalidad, Porras se posiciona como una de las mayores amenazas. No solo ignora la separación de poderes, sino que también utiliza su cargo para amedrentar a quienes se atrevan a cuestionarla.
La pregunta ya no es si Consuelo Porras debe abandonar el cargo, sino cuánto daño más se permitirá que cause al sistema de justicia guatemalteco. Guatemala no puede tolerar que la fiscal general convierta al Ministerio Público en su feudo personal, donde la intimidación y las amenazas sean la norma.
Es hora de actuar para detener el abuso de poder de Porras. Su permanencia no solo mina la confianza en la justicia, sino que también pone en riesgo el futuro democrático del país. Consuelo Porras no es justicia: es impunidad disfrazada de poder.