El nombre de Noé Nehemías Rivera Vásquez ha cobrado relevancia en los últimos meses dentro del ámbito del Ministerio Público, y no precisamente por su labor en defensa de los derechos humanos. De hecho, su trayectoria como fiscal está marcada por controversias que lo vinculan con la criminalización de quienes han investigado casos de corrupción en Guatemala, una de las razones por las que ha sido señalado por diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional.
Rivera, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un abogado cuyo perfil sigue siendo un tanto desconocido. Sin embargo, ha logrado ascender en el Ministerio Público, donde ha encabezado los casos que han afectado a varios exfuncionarios y operadores de justicia comprometidos con la lucha contra la corrupción.
Entre los más conocidos se encuentran Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa, Claudia González, Paola Escobar, Aliss Morán, Eduardo Pantaleón, y Erika Aifán, entre otros. A pesar de las críticas y los cuestionamientos sobre su imparcialidad, Rivera continúa acumulando poder, especialmente bajo la sombra de la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido su aliada en su ascenso dentro de la institución.
Noé Rivera incluído en la Lista Engel
Curiosamente, Rivera es conocido por un blog donde se presenta como un orador, crítico social y defensor de los derechos de los trabajadores. A través de este espacio, se presenta como alguien comprometido con la justicia social y los derechos humanos. Sin embargo, sus acciones como fiscal no parecen coincidir con esa imagen.
La comunidad internacional ha sido particularmente crítica con su desempeño, y en diciembre de 2023, fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo señala como un actor corrupto que socava los procesos democráticos en el país. Este reconocimiento no es menor: la sanción implica la revocatoria de su visa y la prohibición de ingreso a EE. UU., un golpe a su carrera.
El galardón de Consuelo Porras
A pesar de las sanciones internacionales, la fiscal general Consuelo Porras lo premió al designarlo como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, una posición que en teoría debería ser ocupada por un abogado comprometido con la justicia y la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La designación de Rivera, quien fue el artífice de la persecución contra exfiscales y periodistas que investigaron la corrupción, ha generado alarma entre defensores de los derechos humanos, pues este cargo le otorga la responsabilidad de liderar investigaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos, cuando su historial está manchado por su involucramiento en persecuciones políticas.
Rechazo de las víctimas
En el marco del Día de los Derechos Humanos, las víctimas del conflicto armado interno manifestaron su rechazo al nombramiento de Rivera como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos. Consideran que su designación es un insulto a la memoria de las víctimas y a la lucha por la justicia.
Exigieron, además, la destitución inmediata de Noé Rivera y la renuncia de Consuelo Porras, a quien señalan como cómplice en la perpetuación de la impunidad. Estas demandas reflejan la creciente preocupación de las víctimas y la sociedad civil, quienes ven en esta designación una burla a la búsqueda de justicia por las violaciones cometidas durante el Conflicto Armado Interno.
Un cambio cuestionado en el Ministerio Público
La reciente designación de Rivera como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos fue precedida por una serie de despidos que evidencian una purga interna en la Fiscalía. Tomás Ramírez López, quien ocupaba el cargo de jefe de esa unidad, fue destituido tras tomar decisiones que no favorecieron a los intereses del poder en turno, como la anulación de juicios por genocidio y la invalidación del caso Creompaz, que investigaba crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno. Entre los beneficiados por esas decisiones se encuentra el exgeneral Benedicto Lucas García, acusado de violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto.
El círculo de impunidad
Rivera no es el único fiscal en la mira. La fiscal general también despidió a Erick de León, quien había trabajado en el caso de genocidio contra el pueblo maya Ixil, lo que refuerza la idea de que el Ministerio Público está siendo utilizado para proteger a aquellos involucrados en crímenes de lesa humanidad. Los despidos y cambios en la institución parecen estar alineados con el propósito de minimizar la persecución de crímenes de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En conclusión, Noé Rivera se presenta como un claro ejemplo de cómo la lucha contra la corrupción y los crímenes de lesa humanidad en Guatemala está siendo socavada desde dentro del sistema de justicia. A pesar de los señalamientos internacionales y la creciente oposición local, Rivera sigue acumulando poder, siempre respaldado por la figura de Consuelo Porras, quien parece haber consolidado un círculo de impunidad dentro del Ministerio Público. Mientras tanto, las víctimas del conflicto armado interno y los ciudadanos guatemaltecos continúan esperando que algún día la justicia prevalezca.