Conferencia Episcopal de Guatemala carta abierta a los miembros de la Comision Permanente del Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad y al Organismo Ejecutivo de la Republica de Guatemala.
- Los obispos, miembros del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, conscientes de cumplir responsablemente nuestra misión pastoral con la promesa de orar por ustedes como lo hemos hecho hasta ahora, les dirigimos nuestra palabra con la esperanza de que nuestra voz sea escuchada:
- En primer lugar queremos referirnos a la crisis originada por la pandemia del Covid 19. Ella ha puesto en evidencia toda la serie de precariedades y deficiencias que nuestro país sufre. Contemplar esta realidad puede desanimarnos pero al mismo tiempo nos ofrece la oportunidad de vivir una real y genuina solidaridad. Vale la pena recordar en este contexto las sabias palabras del Papa san Gregorio Magno: «que cada uno ayude a los demás y que los demás ayuden a cada uno».
- Esta ayuda inicia y se mantiene con un espiritu encarnado en acciones de solidaridad y corresponsabilidad. Dichas acciones son exigencias que derivan de la vivencia de una ciudadanía responsable y consciente. Cada quien en el nivel y en el ámbito que le corresponde.
- En segundo lugar nos preocupa que, en la coyuntura actual, la elección de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Apelaciones todavía no se haya realizado. Esta elección ha sido un proceso accidentado en los años 2009, 2014 y 2019. En el proceso 2019-2020 la Corte de Constitucionalidad, a instancias del Ministerio Público, mediante el otorgamiento de amparos provisionales, volvió a interrumpir el procedimiento; no se eligieron nuevos titulares de las Cortes en el tiempo estipulado y los actuales magistrados han prolongado sus funciones como sucedió en el año 2014.
- Delante de ello surgen algunos interrogantes: ¿A quién beneficia esta postergación? ¿Al pueblo de Guatemala, al Orden Constitucional, al Bien Común, a la convivencia pacífica y armónica de la sociedad guatemalteca? ¿O a actores y sectores con intereses en que la justicia pronta y cumplida no sea un objetivo realizable en nuestro país?
- Con el respeto que cada uno de ustedes se merece como personas y como representantes de cada Organismo, sin ser nosotros los llamados a dar soluciones técnicas, pero con un comprometido sentido cívico y pastoral permítannos compartirles algunos principios que, aceptados y entendidos, pueden ayudarles a cumplir con la sagrada y única responsabilidad que ustedes han recibido del mismo pueblo de Guatemala: la búsqueda del bien común y su primacía sobre otros intereses.
- «Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho» (Juan Pablo II Centesimus annus 46) Ese Estado de derecho les compromete en sus responsabilidades y les ayudará a evitar tentaciones de soluciones politiqueras. Eso esperamos nosotros y eso espera el pueblo de Guatemala: la política en cada ámbito al servicio de la justicia y del bien común.
- «La democracia auténtica no es solamente el resultado de un respeto formal de las reglas sino es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de la persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política».(ibid.44) Con sus actuaciones, por comisión o por omisión, quedan dudas en muchos sectores sociales, que a nosotros nos cuestionan y aquí queremos exponer.
- «Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia».(ibid. 46) ¿Se sentirían ustedes halagados si el pueblo de Guatemala los considerara cómplices de un sistema totalitario? Pensamos que no.
- «El Magisterio de la Iglesia reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cuál es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres».(ibid.44) Son las palabras de un santo: Juan Pablo II. Con sus recientes actuaciones ¿consideran ustedes que reconocen la soberanía de la Ley, evitando el peligro de retorcerla e interpretarla de acuerdo a sus intereses? Al fin de cuentas hoy por hoy el pueblo de Guatemala no sabe a ciencia cierta cuáles sean sus reales y verdaderos intereses. Les llamamos a plantearse sus razones de fondo, en los espacios que constitucionalmente ocupan, para ser honestos con el pueblo que los eligió y darlos a conocer.
- Otro santo: san Juan XXIII, en un documento memorable «La paz en la tierra» recordaba «Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho común del país» (Juan XXIII Pacem in tenis 46). ¿El pueblo de Guatemala podrá tener la seguridad que el interés y la razón de sus desvelos y preocupaciones es el provecho común del país? ¿O se podrá hablar de otros provechos y por consiguiente de otros «aprovechados»? Sin querer ser ingenuos, debemos pensar también en quienes pueden ejercer presiones indebidas o bloqueos fácticos.
- En el conflicto ocasionado por la dilación en la elección de las Cortes, porque sí ha ocasionado un conflicto, ¿Cuál será la actitud de ustedes que conforman cada organismo del Estado de Guatemala? En su conciencia de ciudadanos, y si son creyentes en su conciencia religiosa, de cara a un pueblo que merece respeto, ¿Cuál será su decisión?
- ¿Se dejarán arrastrar por el torbellino de la así mencionada «politización de la elección o pondrán sus mejores esfuerzos y su responsabilidad ciudadana para actuar.