El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) deja al descubierto la gravedad de la persecución contra quienes defienden los derechos humanos en Guatemala, señala el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval en su columna para Epicentro GT. Según el documento, entre 2020 y 2025 se registraron 1,546 ataques contra 940 personas defensoras, de los cuales 745 corresponden a casos de criminalización.
Sandoval resalta que estos ataques no fueron incidentes aislados, sino parte de una política sistemática que invirtió la lógica del sistema de justicia: en lugar de perseguir a las redes de corrupción, se criminalizó a quienes las investigaban. La estrategia incluyó abusos de tipos penales, prisión preventiva y restricciones injustificadas para limitar la observación ciudadana.
Criminalización generó consecuencias devastadoras
Sandoval señala que la criminalización generó consecuencias devastadoras: reputaciones destruidas, carreras truncadas, exilio forzado y la imposibilidad de reconstruir una vida profesional y personal digna. Más de 60 operadores de justicia y al menos 22 periodistas se vieron obligados a abandonar el país, mientras organizaciones comunitarias, movimientos sociales y autoridades indígenas sufrieron impactos similares. Además, las mujeres defensoras enfrentaron agresiones con componentes sexistas que duplicaron la persecución.
Otro punto alarmante del informe es la impunidad: solo el 3% de los casos de ataques contra defensores y defensoras derivaron en sentencias condenatorias, y ninguna corresponde al período más crítico de persecución. Esta impunidad, según Sandoval, garantiza que la violencia continúe y envía un mensaje claro: defender derechos humanos en Guatemala puede costar la libertad, la reputación o la vida, sin que el Estado intervenga.
El impacto institucional también fue profundo: la criminalización expulsó capacidades técnicas y experiencia acumulada, paralizó investigaciones y permitió que redes corruptas ocuparan espacios clave, afectando incluso procesos electorales y controles democráticos.
2026, año clave para la justicia
Sandoval advierte que la situación adquiere especial relevancia de cara a 2026, cuando se enfrentarán nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público. “Si estos procesos se realizan con instituciones debilitadas o cooptadas, el país corre el riesgo de un punto de no retorno democrático”, subraya.
Finalmente, el exfiscal resalta que reconstruir la institucionalidad requiere voluntad política, acompañamiento internacional y ciudadanía vigilante. “El informe de OACNUDH es más que una alerta: es una hoja de ruta para revertir el deterioro”, concluye Sandoval, enfatizando que la democracia solo será posible si se protege a quienes defienden la legalidad.
Crédito: Juan Francisco Sandoval / Epicentro GT