La justicia guatemalteca enfrenta un nuevo desafío. Figuras vinculadas a lo que diversos sectores identifican como corrupción judicial están moviéndose para ocupar los puestos más altos de la Corte de Constitucionalidad (CC), el órgano encargado de proteger la Constitución y garantizar el Estado de derecho. Entre los aspirantes se encuentran Mynor Moto, Estuardo Gálvez y Armando Ajín, quienes buscan integrar el tribunal, ya sea como magistrados titulares o suplentes.
Moto, conocido en la esfera judicial por decisiones y actuaciones controvertidas, confirmó su intención de postularse, asegurando que pretende “innovar” y representar a su gremio. Sin embargo, su historial plantea serias interrogantes sobre su independencia y su compromiso real con la justicia imparcial. La posibilidad de que alguien con antecedentes cuestionables llegue a un tribunal constitucional preocupa a ciudadanos que demandan transparencia y ética en el sistema judicial.
Gálvez, exrector de una universidad pública, también considera su candidatura. Presenta su participación como un acto de experiencia y madurez profesional, pero su trayectoria ha estado ligada a estructuras universitarias y al amaño de cortes. Su aspiración a la CC plantea la pregunta de si quienes han tenido vínculos con espacios de poder cuestionables pueden ejercer la imparcialidad que el tribunal requiere.
Ajín, por su parte, anunció su postulación como suplente con el respaldo de agrupaciones gremiales. Se presenta como independiente, aunque su cercanía con organizaciones profesionales que tradicionalmente participan en política interna del gremio jurídico genera dudas sobre su verdadera autonomía y sobre la posibilidad de que la Corte se convierta en un espacio de intereses privados más que en un garante del orden constitucional.
Riesgo evidente para la CC
El riesgo es evidente: figuras con cuestionamientos previos buscan ahora controlar el órgano que debería frenar abusos y proteger la legalidad. La sociedad guatemalteca no puede permitir que la justicia quede en manos de quienes la han debilitado. La integridad del sistema judicial depende de magistrados que actúen con transparencia, ética y sin vínculos políticos o gremiales que comprometan su independencia.
Con la elección de magistrados prevista para abril de 2026, el país enfrenta un momento decisivo. La CC debe ser un escudo frente a arbitrariedades, no un espacio de consolidación de intereses personales o políticos. La vigilancia ciudadana y el debate público son esenciales para que la justicia no sea nuevamente capturada.