La reciente captura de Basilio Bernardo Puac García, ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, vuelve a colocar bajo escrutinio público el papel del Ministerio Público y de determinados operadores de justicia que, lejos de generar confianza, profundizan la percepción de un uso selectivo del derecho penal. La orden fue solicitada por el MP que dirige Consuelo Porras y autorizada por el juez Mario Rodrigo Flores Maldonado, una combinación que para amplios sectores sociales se ha convertido en sinónimo de persecución política.
Puac García no fue detenido en la clandestinidad ni evadiendo a la justicia. Fue aprehendido mientras atendía su negocio en el mercado municipal de Patzicía, Chimaltenango, un detalle que refuerza la narrativa de que no existía riesgo de fuga ni urgencia procesal. Sin embargo, el mensaje que se envía es otro: cualquiera que haya alzado la voz en 2023 para defender los resultados electorales puede convertirse, meses después, en objetivo del aparato penal.
MP profundiza la persecución contra líderes indígenas
Porras ha insistido en que las acciones del MP responden exclusivamente a criterios legales. No obstante, el contexto resulta imposible de ignorar. Puac García fue una figura visible durante las protestas de octubre de 2023, cuando autoridades indígenas se movilizaron para exigir respeto al voto ciudadano y denunciar lo que consideraban intentos de socavar la transición democrática. Hoy, esos mismos liderazgos aparecen encadenados a procesos penales por delitos como “obstrucción a la justicia”, una figura que se ha aplicado con elasticidad preocupante.
El juez Mario Rodrigo Flores Maldonado, al avalar la orden de captura, tampoco queda al margen de la crítica. Su rol no es menor: los jueces son el último filtro para evitar abusos del poder punitivo del Estado. Cuando ese filtro falla —o se percibe como alineado con intereses políticos— el daño institucional es profundo. La justicia deja de verse como un espacio de garantías y se transforma en una herramienta de castigo selectivo.
Rechazan captura de Puac García
El caso de Puac García no es aislado. Antes fueron detenidos Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes continúan en prisión preventiva, mientras que Esteban Toc enfrenta un proceso similar bajo medidas sustitutivas. La reiteración de patrones, los mismos delitos imputados y la constante dilación procesal han llevado a organizaciones sociales y comunitarias a hablar abiertamente de “litigio malicioso” y criminalización de la protesta.
Las reacciones no se han limitado a comunicados locales. Comunidades indígenas, organizaciones sociales e incluso el presidente Bernardo Arévalo han señalado que estas acciones responden a los “últimos y desesperados golpes” de un aparato enquistado en el Ministerio Público que se resiste a perder poder.
Más allá de la retórica política, el fondo del problema es institucional: un MP encabezado por Consuelo Porras que ha sido sancionado internacionalmente y un sistema judicial que parece incapaz de corregir excesos desde dentro.
La democracia no se erosiona únicamente con golpes de Estado o fraudes electorales. También se debilita cuando la ley se aplica de forma selectiva y cuando la protesta social se redefine como delito. Mientras Consuelo Porras y jueces como Mario Rodrigo Flores Maldonado sigan apareciendo como protagonistas de estos episodios, la pregunta persistirá: ¿se está impartiendo justicia o se está administrando venganza política bajo el disfraz de legalidad?