En un escenario ya tensionado por disputas políticas y judiciales, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervino para advertir que la integración de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede avanzar ignorando posibles violaciones a la ley. Su pronunciamiento, lejos de ser diplomático o ambiguo, dejó entrever un cuestionamiento directo a la designación de Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana, cuya doble condición como ministro de culto lo coloca en una zona de evidente conflicto legal.
El debate no es menor. En Guatemala, la normativa que regula los procesos de postulación establece restricciones claras para quienes ejercen funciones religiosas, debido al principio constitucional de separación entre Iglesia y Estado. En ese sentido, el hecho de que Herrera sea fundador y líder de la Iglesia Verbo en Jutiapa constituye, según diversos juristas, un impedimento legal para formar parte de una comisión encargada de seleccionar magistrados del máximo órgano electoral del país.
OEA coloca bajo lupa a Mynor Herrera
La OEA subrayó que las autoridades deben verificar de manera “pronta, objetiva y pública” si este impedimento existe, no como un trámite administrativo, sino como una garantía mínima de legitimidad democrática. Su mensaje implícito es contundente: permitir que Herrera participe sin aclarar su situación sería normalizar la captura de procesos clave por actores con intereses ajenos al Estado laico.
El organismo internacional también recordó al Congreso su obligación de instalar la postuladora con transparencia, reglas claras y observación ciudadana, advirtiendo que cualquier opacidad solo profundizará la desconfianza pública.
En paralelo, expresó preocupación por la crisis en la Universidad de San Carlos y el atraso en la renovación de su Consejo Superior Universitario, lo que incide en futuras designaciones a la Corte de Constitucionalidad.
En conjunto, la postura de la OEA no solo pone en entredicho la idoneidad de Herrera, sino que evidencia un problema estructural: la persistente mezcla entre poder religioso, intereses políticos y procesos que deberían regirse exclusivamente por la ley y el mérito.