La reciente captura de Harol Salguero, alias Little Rebelde, miembro del Barrio 18 vinculado a la muerte de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), puso al descubierto la ineficiencia y la selectividad del Ministerio Público (MP) bajo la dirección de Consuelo Porras.
Aunque los fiscales presentaron ante un juez videos y audios encontrados en el celular del pandillero que lo relacionaban directamente con los ataques, lel MP se limitó a solicitar su procesamiento únicamente por portación ilegal de armas y promoción y fomento a la drogadicción.
Los indicios sobre su participación en homicidios y coordinación de actos violentos fueron ignorados. Esta decisión no solo contradice la lógica jurídica, sino que envía un mensaje claro: la impunidad prevalece para los criminales, mientras que la mano dura se reserva para líderes indígenas, jueces, periodistas y actores anticorrupción.
MP intenta justificar su ineficiencia
El comunicado del MP intentó justificar la decisión, pero terminó evidenciando una práctica preocupante: investigar a medias, mostrar pruebas que incriminan al acusado y al mismo tiempo renunciar a perseguir los delitos más graves.
La acción, además, incluyó una advertencia a los medios para “abstenerse” de difundir información considerada incompleta o errónea, reforzada por Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, quien calificó de falsos a los periodistas críticos.
Ciudadanía demanda resultados
En un contexto donde la ciudadanía demanda resultados claros contra la violencia y el crimen organizado, esta actuación refleja un Ministerio Público más preocupado por controlar el relato público que por garantizar justicia.
La estrategia de mostrar pruebas sin actuar sobre ellas erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa la percepción de un sistema que protege a los poderosos y deja desprotegidos a quienes deberían ser defendidos por la ley.
Mientras el país enfrenta altos niveles de criminalidad, la Fiscalía de Porras sigue priorizando conveniencias políticas sobre la persecución efectiva de la delincuencia, consolidando un patrón de impunidad que pone en riesgo la seguridad y la credibilidad del Estado.