El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala volvió a colocarse en el centro de la controversia institucional tras aprobar, en una reunión a puerta cerrada y fuera del campus universitario, la convocatoria para la elección de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC). El hecho no solo despierta dudas por la forma, sino por el fondo: un órgano cuestionado por su integración irregular pretende incidir en una de las decisiones más sensibles para el Estado de derecho.
La convocatoria establece que los expedientes de los aspirantes serán recibidos el 5 y 6 de febrero, de 8:00 a 15:00 horas, en la Secretaría General de la Usac, ubicada en el edificio de Rectoría. Sin embargo, la legalidad del proceso es ampliamente cuestionada debido a que el CSU continúa integrado por personas con períodos vencidos, una anomalía que se arrastra desde hace años y que debilita cualquier resolución que adopte.
Consuelo Porras como eventual aspirante
A la cabeza del CSU se mantiene Walter Mazariegos, señalado como rector de facto de la Usac, cuya permanencia ha sido objeto de múltiples críticas por la falta de legitimidad democrática. Bajo su conducción, el Consejo ha optado por decisiones opacas, alejadas del debate universitario y del principio de publicidad que debería regir a una universidad pública.
Las sospechas se agravan ante versiones que señalan que podría considerarse a Consuelo Porras como eventual aspirante. La fiscal general ha sido sancionada internacionalmente por su papel en la persecución de operadores de justicia, exfiscales anticorrupción, periodistas y líderes indígenas, lo que genera alarma sobre el perfil de personas que podrían ser impulsadas desde un proceso cuestionado desde su origen.
Impugnan convocatoria
Ante estas circunstancias, la convocatoria fue impugnada por separado mediante amparos presentados por el abogado Javier Monterroso y el diputado oficialista David Illescas, quienes coinciden en que un CSU con cargos vencidos carece de legitimidad para designar magistraturas constitucionales.
A estas acciones se sumó el pronunciamiento del Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT), integrado por Ana Lorena Delgadillo Pérez, José Ugaz y Jaime Arellano. El panel advirtió “graves irregularidades” en la integración del CSU, derivadas de la permanencia de personas con mandatos expirados y de la omisión de convocatorias para renovar autoridades universitarias.
Situación vulnera las normas internas de la Usac
Según el grupo, esta situación vulnera las normas internas de la Usac y pone en riesgo la legalidad y legitimidad de la elección de magistrados. El PEI-GT alertó que resoluciones emitidas por un CSU integrado de forma anómala podrían ser declaradas nulas, al atentar contra la institucionalidad democrática.
También subrayó que resulta inaceptable que personas con mandatos vencidos influyan en la elección de magistrados de la CC y que un proceso así podría derivar en la postulación de personas sin idoneidad, incluso con sanciones internacionales o antecedentes contrarios al Estado de derecho.
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Finalmente, el panel instó al CSU a respetar la normativa vigente, permitir la toma de posesión de autoridades legítimamente electas y garantizar un proceso transparente, público y basado en méritos. La comunidad sancarlista y la ciudadanía enfrentan, una vez más, el desafío de defender la democracia universitaria frente a un Consejo que insiste en decidir sin legitimidad ni consenso.