Resulta indignante que una fiscal general sancionada internacionalmente por más de 40 países ahora aspire a convertirse en magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal encargado de velar por el orden constitucional en Guatemala. Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público (MP), presentó su expediente para optar a una magistratura titular o suplente, un movimiento que despierta serias dudas sobre sus verdaderas motivaciones.
La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), bajo el mando del rector de facto Walter Mazariegos, anunció con entusiasmo la recepción de la documentación de Porras, en un proceso conducido por el Consejo Superior Universitario (CSU). Aunque el trámite se ajusta formalmente al procedimiento establecido, el contexto político y judicial convierte esta postulación en un acto profundamente cuestionable.
Porras acudió el viernes 6 de febrero a la Rectoría de la Usac para entregar su expediente, confirmando que su principal aspiración es ocupar una magistratura titular en la CC. Más allá del discurso institucional, el trasfondo es evidente: la búsqueda de inmunidad para evitar enfrentar eventuales procesos judiciales una vez deje el cargo de fiscal general.
Las “razones” de Porras para llegar a la CC
Consultada sobre sus razones, Porras apeló a su formación como profesional del derecho y a una supuesta vocación de servicio basada en la transparencia, la honorabilidad y el profesionalismo. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con su gestión al frente del MP, marcada por el debilitamiento de la lucha contra la corrupción, el exilio de fiscales y jueces, y las sanciones internacionales por socavar el Estado de derecho.
La fiscal general también justificó su postulación a través de la Usac alegando un vínculo académico de más de 25 años con esa casa de estudios. No obstante, omitió reconocer el grave cuestionamiento que pesa sobre el actual gobierno universitario y el proceso que llevó a Mazariegos al rectorado, precisamente investigado por el MP que ella dirige.
Porras y Leyla Lemus a la carrera por la inmunidad
Porras aseguró que no existe conflicto de interés y negó cualquier influencia indebida, pese a que tanto ella como Leyla Lemus —actual presidenta de la CC— ocupan cargos clave en el sistema de justicia tras nombramientos directos del expresidente Alejandro Giammattei. Ambas figuras ahora compiten en el CSU-USAC por una magistratura titular, evidenciando la continuidad de un mismo bloque de poder.
Más que una postulación académica o jurídica, la aspiración de Consuelo Porras a la CC parece un movimiento calculado para garantizar impunidad. En una democracia debilitada, este tipo de maniobras no pueden pasar inadvertidas. La ciudadanía debe observar con atención quiénes buscan controlar la justicia y con qué propósito.