Un informe de la Misión Internacional de Juristas por Guatemala advierte sobre un preocupante deterioro del sistema de justicia en el país y denuncia un patrón de persecución contra profesionales del derecho que han impulsado acciones contra la corrupción.
El documento, titulado “Clima de temor: Abogacía e Independencia Judicial en riesgo”, fue elaborado por cinco organizaciones internacionales de juristas y expone en más de 100 páginas una serie de prácticas que, según los autores, han debilitado la independencia judicial y generado un ambiente de intimidación.
El reporte señala que en Guatemala se han documentado acciones de acoso, criminalización, detenciones arbitrarias, hostigamiento y exilio forzado contra juristas que han buscado combatir estructuras de corrupción desde el sistema legal.
Además, se identificó el uso de denuncias espurias, campañas de difamación, acoso digital y estigmatización pública, mecanismos que habrían facilitado procesos judiciales sin garantías adecuadas de defensa.
Una de las consecuencias más graves, advierte el informe, ha sido el exilio de profesionales del derecho que enfrentaron presiones o procesos judiciales en el país.
Momento clave para el sistema judicial
César Civo, presidente de la Asociación de Abogados, Abogadas, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, explicó que la publicación del informe se realizó en un momento clave para el sistema judicial.
“Era realmente importante presentar este informe cuando se debatieran las comisiones de postulación, para llamar la atención del mundo entero y de los diplomáticos sobre lo que está ocurriendo con las instituciones del Estado de derecho en Guatemala”, afirmó.
El jurista señaló que el documento también confirma las alertas emitidas previamente por la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe además menciona irregularidades en procesos vinculados a comisiones de postulación, incluyendo señalamientos sobre intervenciones del Ministerio Público durante procesos electorales en el sector jurídico, acciones que —según los autores— han contribuido a consolidar un ambiente de intimidación.
Para los expertos, el país enfrenta un momento crítico que exige fortalecer las instituciones, garantizar la independencia judicial y brindar respaldo a quienes defienden el Estado de derecho frente a la corrupción.