Traducción libre al español. Versión de origen en inglés aquí.
Guatemala está renovando su Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Asegurar funcionarios imparciales, profesionales y honestos en los más altos tribunales de Guatemala es crucial para el estado de derecho, la independencia del poder judicial y avanzar en la lucha contra la corrupción.
Desafortunadamente, el proceso, que comenzó en 2019, se ha visto empañado por irregularidades y un intento renovado por parte de grupos corruptos e ilícitos de manipular el proceso y su resultado. Al influir en el proceso mediante el cual los jueces son elegidos, los actores criminales buscan encontrar aliados corruptos dispuestos a garantizar su protección e impunidad por sus fechorías.
Ahora, como parte de su esfuerzo por cooptar a las instituciones de justicia, persiguen a jueces, fiscales y actores de la sociedad civil que han protegido el estado de derecho y apoyaron la lucha contra la corrupción.
La batalla por el control del sistema de justicia de Guatemala determinará la capacidad del país para combatir la corrupción que está debilitando sus instituciones, agotando las arcas estatales, impactando la capacidad del gobierno para enfrentar crisis como COVID-19 y el cambio climático, y dejando a muchos guatemaltecos sentir que su mejor oportunidad de vivir con oportunidades económicas y dignidad básica es emigrar.
La elección de los tribunales superiores en Guatemala
De conformidad con la constitución guatemalteca, 13 magistrados de la Corte Suprema y los 135 magistrados de los tribunales de apelación son reemplazados cada cuatro años. El proceso de nominación se encomienda a grupos conocidos como Comisiones de Postulación , compuestos por jueces de apelación, decanos de facultades de derecho y representantes del Colegio de Abogados de Guatemala. Estos presentan una lista de candidatos al Congreso, el cual es responsable de seleccionar entre la lista de nominados.
En 2009 se aprobó una ley para hacer que el proceso de selección sea más transparente y regulado y para permitir una mayor supervisión de la sociedad civil. En la práctica, sin embargo, el proceso ha estado plagado de conflictos de intereses y ha sido invadido por intereses privados, políticos y criminales que buscan controlar la membresía de las comisiones y, en consecuencia, la composición de los tribunales. La competencia sobre quién obtiene un asiento en las comisiones, por ejemplo, ha resultado en la creación de un número creciente de escuelas de derecho como vehículos para garantizar la influencia sobre cómo se seleccionan los jueces. Al mismo tiempo, el proceso también ha dado como resultado que los propios candidatos judiciales compitan por el apoyo político para ser elegidos o para mantener sus cargos.
La manipulación del proceso de nombramiento fue evidente en las elecciones de 2014 de los jueces de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, que supuestamente fue el resultado de un acuerdo de poder compartido alcanzado entre el Partido Patriota de Otto Pérez Molina ( Partido Patriota , PP) y la Libertad Democrática Renovada de Manuel Baldizón. Partido ( Libertad Democratica Renovada , LIDER). Pérez Molina se vio obligado a renunciar en 2015 en medio de un gran escándalo de corrupción y actualmente se encuentra en detención preventiva mientras los casos pasan por los tribunales. En 2018, Baldizón fue arrestado en Miami por corrupción en un caso relacionado con la empresa constructora brasileña Odebrecht. Se declaró culpable y fue sentenciado a 50 meses de prisión. Un año después, fue procesado. en los Estados Unidos en un caso separado y acusado por aceptar financiamiento para su campaña de parte de narcotraficantes.
El proceso de selección actual comenzó en junio de 2019, pero se ha enfrentado a numerosas irregularidades y fallas de procedimiento . Por ejemplo, los observadores han notado que los jueces calificados fueron excluidos del proceso sin causa y que las comisiones de postulación no implementaron procedimientos básicos como entrevistar y evaluar candidatos. La información básica, como decisiones judiciales anteriores e información financiera, no se puso a disposición para ayudar a evaluar la calificación de los candidatos.
El caso de las «comisiones paralelas 2020»
En febrero de 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) descubrió uno de los mayores escándalos de interferencia en el sistema de justicia por parte de grupos ilícitos.
Según la investigación, conocida como el caso de “comisiones paralelas 2020”, Gustavo Alejos Cámbara, un poderoso operador político y empresario actualmente en prisión preventiva por corrupción, había establecido un esquema para influir en el proceso de selección. Para hacer esto, mantuvo reuniones y llamadas telefónicas con posibles candidatos judiciales, funcionarios y legisladores. Debido a presuntas preocupaciones de salud, Alejos había obtenido permiso para continuar cumpliendo prisión preventiva en una clínica privada donde tuvieron lugar muchas de las reuniones. Los registros de teléfonos celulares incautados por los investigadores revelaron que Alejos tuvo contacto con al menos 41 personas involucradas en el proceso de selección judicial; incluidos 10 legisladores, dos de los cuales son parte del liderazgo actual. Los investigadores también encontraron un refrigeradoren la clínica bien abastecida con carnes, cerveza y licores finos y con los nombres de todos los diputados de la legislatura actual con imanes .
Alejos es un hombre de negocios que hizo su fortuna utilizando sus conexiones políticas para obtener contratos gubernamentales. Ha financiado diversos partidos políticos , incluido el Partido Nacional de Progreso ( Partido de Avanzada Nacional , PAN), el Partido Gran Alianza Nacional ( Gran Alianza Nacional , GANA), la Unidad Nacional de la Esperanza ( Unidad Nacional de la Esperanza , UNE), y el Partido Patriota ( Partido Patriota , PP). En 2008, se desempeñó como secretario privado del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012). Alejos ha sido implicado en varios casos de corrupción (ver el recuadro para más detalles). El 8 de junio de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos, designó a Alejos por su participación en casos de gran corrupción y, por lo tanto, se lo consideró no elegible para ingresar a los EE. UU.
Gustavo Alejos y corrupción de alto nivel
Antes de que se revelara el caso de comisiones paralelas 2020, el empresario Gustavo Alejos había sido implicado en cinco casos separados de gran corrupción:
| En 2015, la Fiscalía de Guatemala acusó a Alejos Cámbara de ser el arquitecto principal de una red de corrupción que opera dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), que brinda servicios de salud, pensiones, beneficios de protección de ingresos y empleo. asesoramiento para empleados asalariados. Según la investigación, el anillo manipuló el sistema de contratación médica para favorecer a ciertos distribuidores que a su vez obtuvieron millones de ganancias. |
| En 2016, en otro caso relacionado con el financiamiento ilegal de campañas y la contratación del gobierno, Alejos Cámbara fue acusado de soborno. La investigación realizada por la Fiscalía descubrió una red dirigida por el ex presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Recibieron fondos ilícitos de varios contratistas estatales, incluido Gustavo Alejos, para ayudar a financiar la campaña presidencial de 2011 de Molina y Baldetti a cambio de un trato preferencial en la obtención de contratos estatales. |
| En 2018, Alejos Cámbara fue implicado en un caso relacionado con el mal uso de fondos asignados a un sistema de transporte público en la Ciudad de Guatemala, conocido como Transurbano. En un acuerdo aprobado por la administración del presidente Colom sin una supervisión legal adecuada, se pagaron $ 35 millones en fondos estatales a un consorcio de compañías privadas de autobuses que habían ganado el contrato para administrar el sistema de autobuses. Casi un tercio del dinero se gastó en equipos que nunca se utilizaron. Alejos Cámbara fue acusado de recibir algunos de los fondos. |
| En 2019, Alejos Cámbara fue implicado en un segundo caso de financiamiento ilegal de campañas . Según los investigadores, durante la campaña presidencial de 2015, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) recibió contribuciones de campaña de más de Q19.5 millones ($ 2.5 millones) que nunca fueron registradas por el Tribunal Supremo Electoral. Se emitió una orden de arresto contra Alejos Cámbara por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. |
| Ese mismo año, fue acusado de recibir USD $ 7,297,650 en sobornos del empresario José Maynor Palacios Guerra como parte de una red de corrupción que involucra lavado de dinero y soborno en contratos de construcción del gobierno. Para ocultar los orígenes de estos fondos, Alejos Cámbara compró activos offshore en Panamá y Belice. Luego, usando contratos de préstamo ficticios con bancos nacionales e internacionales, compró casas y apartamentos que luego fueron regalados a funcionarios a cambio de favores políticos. La FECI emitió una orden de arresto contra Alejos Cámbara por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, soborno activo y soborno pasivo. |
Entre los legisladores que tuvieron contacto con Gustavo Alejos, y uno de sus aliados clave, se encontraba el congresista Felipe Alejos Lorenzana , un poderoso negociador que ha servido en la legislatura desde 2011 (de 2016 a 2020 se desempeñó como vicepresidente y actualmente es el primero secretario del congreso). Los dos no están relacionados; sin embargo, su relación se remonta a años atrás. En 2012, se unió al hermano de Gustavo Alejos para fundar el partido político Todos; Felipe Alejos eventualmente arrebataría el control de la fiesta.
Felipe Alejos ayudó a dirigir el Congreso de Guatemala durante un período de tiempo sacudido por varios escándalos de corrupción. No solo fue uno de los oponentes más feroces de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo independiente respaldado por la ONU establecido para ayudar a combatir la corrupción, sino que ayudó a apoyar una agenda legislativa regresiva para favorecer a los acusados de corrupción.
El propio Felipe Alejos estuvo implicado en un escándalo de corrupción que involucraba el pago de unos Q19 millones (US $ 2,6 millones) en sobornos a una red criminal, a cambio de acelerar el proceso de recibir reembolsos de impuestos. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema que levante la inmunidad del Congreso de Felipe Alejos , pero en una serie de fallos controvertidos (más recientemente el 29 de junio ) la corte se negó repetidamente a hacerlo. (En respuesta a cada una de estas decisiones, el Tribunal Constitucional ha ordenado al Tribunal Supremo que reconsidere el caso).
La decisión del Tribunal Constitucional sobre la elección de los tribunales superiores de Guatemala
A mediados de febrero, como resultado de la investigación de la FECI, la Fiscal General solicitó una protección de amparo (una medida legal similar a una orden judicial en los Estados Unidos) en torno al proceso de elección judicial. La Fiscalía argumentó que las listas de candidatos presentadas por las comisiones de postulación habían sido manipuladas e influenciadas por personas que enfrentaban cargos penales, que buscaban ejercer influencia sobre el proceso. En respuesta, y en medio de las preocupaciones sobre el tráfico de influencias, el Tribunal Constitucional suspendió el proceso de elección judicial de Guatemala por tercera vez desde fines de 2019.
El 6 de mayo de 2020, el Tribunal Constitucional emitió su decisión final sobre el proceso electoral, que incluía pautas claras para que el Congreso de Guatemala seleccionara personas capaces, adecuadas, honestas y honorables para formar los tribunales como lo exige la Constitución. En su resolución, el tribunal ordenó a la Fiscalía que presentara un informe al Congreso sobre la investigación, explicando los posibles delitos cometidos y los posibles conflictos de intereses de algunos candidatos. El Tribunal Constitucional también ordenó al Congreso que tenga en cuenta el informe para excluir a aquellos que no cumplen con las condiciones de idoneidad y honorabilidad.
El 28 de mayo de 2020, la Fiscalía presentó su informe al Congreso. El informe contiene información sobre 22 candidatos involucrados en el llamado caso de “comisiones paralelas 2020”: cinco candidatos a la Corte Suprema de Justicia y 17 candidatos a los Tribunales de Apelación. El informe también describió cómo otros 109 candidatos han sido implicados en otras investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía.
Ataques contra magistrados de la Corte Constitucional
A mediados de mayo de 2020, un abogado y candidato a un juez en los Tribunales de Apelación presentó una moción legal solicitando a la Corte Suprema que levante la inmunidad judicial de cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Boanerge Mejía, Gloria Porras, Neftaly Aldana y José de Mata Vela . La moción alegaba que los magistrados actuaron fuera de los límites de la autoridad del Tribunal Constitucional en su decisión sobre el proceso de elección judicial. Argumentó que el acto de excluir a los nominados a la magistratura, debido a supuestas reuniones con Gustavo Alejos o por estar bajo investigación, viola la Constitución. Esta es al menos la cuarta vez que se realizan esfuerzos para remover a los magistrados actuales de los Tribunales Constitucionales, lo que para grupos de la sociedad civil está visto como represalia por el fallo del tribunal en defensa del estado de derecho.
El 26 de junio, un tribunal especial de la Corte Suprema otorgó la solicitud de levantar la inmunidad de los magistrados y dio luz verde al Congreso para avanzar con los procedimientos de juicio político. Curiosamente, cinco de los 13 jueces que firmaron la sentencia son candidatos para ocupar un cargo judicial y cuatro fueron nombrados en la investigación de corrupción de febrero de 2020 llevada a cabo por FECI, lo que indica que tienen un interés personal en el caso ante ellos.
Los jueces que aprobaron los procedimientos de juicio político y sus conflictos de intereses.
| Wilber Estuardo Castellanos Venegas | Candidato a los tribunales de apelación. Castellanos fue mencionado en la investigación de la Fiscalía por haber mantenido comunicaciones con Gustavo Alejos. Presentó una queja contra el juez Ericka Aifan y el fiscal Francisco Sandoval en relación con esa investigación. |
| Edgar José López Espaillat | Candidato a los tribunales de apelación. Según los informes, las grabaciones desenterradas por el programa de radio ConCriterio muestran que Espaillat está negociando con Gustavo Alejos sobre su liberación de la prisión. En la grabación, se escucha a Alejos mencionar que está coordinando la transferencia de López con Gustavo Herrera, un agente de poder crítico en los procesos de selección judicial. Además de las denuncias de delitos financieros , Herrera ha sido acusado de participar en el tráfico de drogas. Mientras servía en el Tribunal de Femicidios, López Espaillat emitió un fallo favorable a Gustavo Alejos. |
| Franc Armando Martínez Ruiz | Candidato a los tribunales de apelación. Martínez estaba entre los candidatos que estaban en contacto con Gustavo Alejos. Cuando se desempeñó como juez en la Corte de Apelaciones de Primera Instancia, preparó un borrador de una ley de amnistía que habría beneficiado al ex dictador Efraín Ríos Montt. |
| Rosamaría de León Cano | Candidato a los Tribunales de Apelación e implicado en el llamado caso de «comisiones paralelas 2020». De Leon es el aprendiz del ex magistrado y fiscal general Héctor Hugo Pérez Aguilar , quien estuvo involucrado en la decisión de revocar la condena por genocidio contra Montt, reducir el mandato de la fiscal general Claudia Paz y Paz en siete meses y aprobar las elecciones de 2014 de jueces a pesar de la evidencia de corrupción. |
| Henry Alejandro Elías Wilson | Acusado de obstrucción a la justicia . Sin embargo, su inmunidad judicial nunca fue levantada. El fiscal a cargo de su caso tiene un hijo con Elíias Wilson . La investigación más reciente de la Fiscalía reveló que su hermano, Manuel José Elías Wilson, estaba entre los que visitaron a Gustavo Alejos en la clínica privada. |
| Roaldo Isaías Chávez Pérez | Hermano de Luis Chávez, ex miembro del Partido Renovado de la Libertad Democrática (LIDER), acusado y condenado por tráfico de influencias. Roaldo Chávez votó en contra de la eliminación de la inmunidad judicial de Adrian Rodríguez , implicados en los llamados “traficantes de influencia” ( Traficantes de influencia f ) caso, en el que los funcionarios del cuerpo de administración tributaria (SAT, por sus siglas en español) y otros operaban una red de corrupción que involucró el cobro de comisiones ilícitas de alrededor de Q19 millones para acelerar el procesamiento de reembolsos de créditos fiscales. |
| Leonnel Rodrigo Sáenz Bojórquez | Acusado en un caso de adopción irregular que también implicó a la ex ministra de Asuntos Exteriores Sandra Jovel. |
| Artemio Rodolfo Tánchez Mérida | Acusado por el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala de emitir indebidamente protecciones a los candidatos a cargos públicos para que puedan obtener el certificado requerido de no tener condenas o conflictos de intereses del Tribunal de Cuentas, un organismo de supervisión. |
| Horacio Enríquez Sánchez | Candidato a los tribunales de apelación. Según los informes de los medios, participó en negociaciones con el corrupto corredor de poder Roberto López Villatoro (el llamado «Rey del tenis» ) con respecto a los nominados para el proceso de elecciones judiciales de 2014. |
| Alberto Mis Ávila | Se dice que Ávila es una de las operadoras del ex vicepresidente Roxana Baldetti dentro del poder judicial. |
| Karina Gonzalez Escobar | Candidato a los tribunales de apelación |
| Nicolas Cuxil Guitz | Miembro de una comisión de postulación y candidato a los tribunales de apelación. |
El 26 de junio, el Procurador de los Derechos Humanos y varios particulares presentaron una apelación ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo. Según la apelación, el artículo 167 de la Ley de medidas cautelares de Guatemala establece que los magistrados de los tribunales constitucionales no pueden ser acusados o penalizados penalmente por sus fallos.
El Tribunal Constitucional aceptó la petición y otorgó protección provisional a favor de los jueces. El tribunal también suspendió los procedimientos de juicio político.
El Congreso desafía a la Corte Constitucional
A las pocas horas de la decisión de la Corte Suprema y a una velocidad sin precedentes, el liderazgo en el Congreso creó una comisión legislativa especial encargada de examinar el caso y emitir recomendaciones sobre si acusar o no a los magistrados. La comisión está compuesta por miembros que tienen un claro conflicto de intereses (ver recuadro).
A pesar de la protección provisional otorgada a los magistrados de la Corte Constitucional, el Congreso desafió la decisión de la corte en una clara violación del estado de derecho y ha avanzado con los procedimientos de juicio político. La comisión legislativa ha dicho que espera presentar su informe al Congreso dentro de unas semanas. Según los medios de comunicación locales, el bloque oficial en el Congreso está tratando de reunir los 107 votos necesarios para remover a los magistrados.
¿Quién está en la comisión del Congreso que dirige la investigación de la acusación de la corte constitucional?
| Allan Estuardo Rodríguez Reyes | Presidente del Congreso. Allan Rodríguez es oriundo del Partido Vamos, famoso por apoyar iniciativas con pocos beneficios para el público guatemalteco. Fue acusado informalmente de comprar su elección en enero de 2020 y recientemente fue llamado a gastar Q14 millones de fondos públicos para proyectos de remodelación, incluyendo una ducha personal y mejoras en el jardín, en medio de la pandemia. |
| Sofía Jeaneth Hernández Herrera | Primer vicepresidente del Congreso y miembro del Partido Unión Nacional del Cambio ( Unidad del Cambio Nacional , UCN). El partido UCN fue fundado por Mario Estrada, quien fue arrestado en Miami en 2019 y acusado de buscar entre $ 10 y $ 12 millones del Cartel de Sinaloa para financiar su campaña presidencial, asesinar a dos de sus rivales políticos y transportar cocaína a los Estados Unidos. Hernández fue uno de los diputados que visitó a Gustavo Alejos en su clínica privada. En 2016, fue acusada de tráfico de influencias, después de ser denunciada por el gobernador de Huehuetenango por presionarlo para que utilizara recursos para proyectos inacabados e inexistentes (que involucran unos Q45 milloneso $ 5.8 millones). Sobre la base de estas cuentas, una solicitud para levantar su inmunidad legislativa finalmente se concedió en marzo de 2017. |
| Luis Alfonso Rosales Marroquín | Miembro del partido Valor. Abogado anterior de Ríos Montt. Rosales encabeza la comisión del Congreso que dirige los procedimientos de juicio político contra los magistrados de la Corte Constitucional. La esposa de Rosales era candidata a los tribunales de apelación. Actualmente se desempeña como suplente en la Corte de Apelaciones del Departamento de Jalapa, donde otro jugador clave en el escándalo de las comisiones de postulación, Romeo Monterrosa, sirve como magistrado. Romeo Monterrosa es miembro del comité de postulación encargado de seleccionar candidatos para la Corte Suprema. Antes de asumir el cargo en la Corte de Apelaciones, Monterrosa era un abogado defensor de narcotraficantes y en 2018 fue denunciado por haber rechazado una audiencia preliminar contra dos personas, una de las cuales fue sentenciada en los Estados Unidos a 15 años de prisión por narcotráfico en Febrero de este año. La FECI encontró evidencia de conversaciones telefónicas entre Alejos y Romeo Monterrosa como parte de su investigación de comisiones paralelas 2020. |
| Armando Damián Castillo Alvarado | Tercer vicepresidente del Congreso y miembro del partido VIVA. Según el medio en línea Nómada , mientras se desempeñaba como director de la agencia nacional de mantenimiento de carreteras (COVIAL) en 2016, hubo siete hallazgos en su contra de la Oficina del Contralor y una denuncia ante la Oficina del Fiscal Público con respecto a un posible acto de corrupción. . El informe de la Contraloría demostró muchos casos en los que Castillo Alvarado no proporcionó la documentación necesaria para el gasto público, se adhirió a las normas y procedimientos adecuados para los contratos y justificó las cotizaciones de hasta 10 proyectos de obras públicas, entre otros temas. |
| Carlos Santiago Nájera Sagastume | Tesorero del Congreso y miembro del partido UNE. Nájera fue acusado de tráfico de influencias en un caso de corrupción masiva que involucra al Ministerio de Salud. La Fiscalía solicitó que se levantara su inmunidad legislativa, pero la Corte Suprema rechazó la solicitud en junio de 2020 . Actualmente está en proceso de ser expulsado del partido por haber aceptado dinero a cambio de apoyar la elección del actual liderazgo del Congreso. |
| Rudy Werner Pereira Delgado | Segundo secretario y representante del partido FCN-Nación. Pereira se encuentra actualmente bajo investigación por un caso de discriminación contra el ex gobernador del departamento de Alta Verapaz. |
| Douglas Rivero Mérida | Miembro del Partido Humanista, destacado por su apoyo a la controvertida ley de ONG . Se dice que Rivero está vinculado a Rudio Lecsan Mérida, secretario general del Partido Humanista y ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala en un momento en que el Ministerio del Interior (que supervisa a la policía) vio escándalos relacionados con desapariciones forzadas y malversación de fondos |
En respuesta a las acciones de la comisión legislativa, un grupo de 50 legisladores de varios partidos políticos envió una carta al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitando su apoyo para ayudar a resolver la actual crisis constitucional.
En la carta, los legisladores describen cómo, en un intento de contrarrestar los esfuerzos de las redes de corrupción para cooptar las instituciones de Guatemala, esto ha llevado a un conflicto entre las ramas del gobierno que ahora amenaza la independencia judicial. La carta también subraya que la comisión legislativa está involucrada en una persecución política del Tribunal Constitucional , que amenaza el orden constitucional, el estado de derecho y el gobierno democrático de las instituciones de Guatemala.
Debilitando el movimiento anticorrupción
Más allá de los jueces del Tribunal Constitucional, se han incrementado los intentos de desacreditar al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Además de las campañas de difamación en las redes sociales, se han presentado más de 26 demandas maliciosas contra él en un intento por cerrar las investigaciones dirigidas por la FECI.
Los jueces independientes también han sido blanco de ataques. El 3 de julio, la Corte Suprema anunció que había votado a favor de eliminar la inmunidad judicial del juez Erika Aifán. Aifán supervisa múltiples casos relacionados con Gustavo Alejos y otros políticos y empresarios de alto perfil.
Los intentos de invadir al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, y su influencia en el país también han aumentado. Más recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobó la decisión de citar a Rodas Andrade a la luz de su solidaridad con el movimiento LGBT +. Varias organizaciones han publicado una declaración conjunta que demuestra su desaprobación de los ataques contra el defensor del pueblo por su apoyo público a los derechos LGBT +, particularmente su intento de llamar la atención sobre este tema y quitar la vista de la corrupción en los tribunales.
¿Lo que está en juego?
Después de una década de progreso histórico en la lucha contra la corrupción de alto nivel, el riesgo de que el sistema de justicia de Guatemala caiga bajo el control de grupos criminales es extremadamente alto. Desde el comienzo del proceso para elegir la nueva Corte Suprema y Corte de Apelaciones, grupos corruptos y criminales han tratado de manipular las elecciones. A medida que los principales casos de corrupción se abren paso a través del sistema, estos grupos tienen interés en garantizar la liberación de los implicados y detener cualquier investigación futura. Como parte de su estrategia, han iniciado procedimientos penales maliciosos contra el Tribunal Constitucional, jueces independientes, fiscales y activistas en lo que parece ser una retribución por su compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad.
El siguiente paso es garantizar el resultado de la elección de 2021 del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos cada cinco años. Por ley, el Congreso, la Corte Suprema, la USAC, el Colegio de Abogados y el presidente de su gabinete deben nombrar un juez y un sustituto.
A partir de sus acciones, está claro que el objetivo de estas redes corruptas es imponer y mantener un sistema que beneficiaría las actividades ilícitas de las redes de corrupción y el crimen organizado en Guatemala. Tal resultado tendría serias repercusiones para la seguridad y la estabilidad de Guatemala y la región.
Ver artículo de origen aquí (versión en inglés).