El diputado José Chic solicitó a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas evaluar la emisión de una orden de arraigo contra la fiscal general Consuelo Porras, quien está próxima a concluir su gestión al frente del Ministerio Público tras ocho años en el cargo.
La petición surge a partir de una denuncia presentada semanas atrás, en la que se vincula a Porras con un presunto mecanismo de adopciones irregulares que habría afectado a más de 80 niños y niñas de pueblos indígenas.
Según lo expuesto, los hechos se remontan a inicios de la década de 1980, cuando la actual fiscal general se desempeñó como administradora del denominado Hogar Temporal Elisa Martínez. En ese periodo, entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982, habría fungido como tutora legal de menores institucionalizados.
Estos delitos no prescriben
Chic señaló que este tipo de delitos no prescriben y que, pese al tiempo transcurrido, deben investigarse y deducirse responsabilidades. En ese contexto, pidió que la medida de arraigo se active a partir del 17 de mayo, un día después de que Porras entregue el cargo, con el objetivo de garantizar que permanezca a disposición de las autoridades judiciales.
No obstante, el avance de esta solicitud enfrenta obstáculos. La fiscalía encargada del análisis está dirigida por Leonor Morales, considerada cercana a Porras y quien fue designada en ese puesto durante su gestión. Tanto Porras como Morales han sido sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción judicial y acciones que socavan el Estado de Derecho.
A pesar de ello, el diputado insistió en que se deben realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Solicita registros migratorios de Consuelo Porras
En paralelo, la diputada Andrea Reyes solicitó al Instituto Guatemalteco de Migración el registro de viajes al extranjero de Consuelo Porras desde el 1 de enero de 2025. También requirió información sobre su pasaporte, incluyendo la fecha de emisión y de vencimiento.
El periodo de Porras como fiscal general concluirá el 16 de mayo de 2026, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y las decisiones adoptadas durante su administración.