Más de 100 testimonios de guatemaltecos obligados a abandonar el país entre 2014 y 2025 fueron recopilados en el informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025)”, presentado en el Palacio Nacional de la Cultura. El documento plantea la necesidad de reconocer a las víctimas, avanzar en su descriminalización y generar condiciones que permitan un retorno seguro.
El informe, dirigido por Carlos Beristain y elaborado con cobertura conjunta de Ruda y Hora Cero, sostiene que el 93 % de los casos analizados corresponde al período en que Consuelo Porras estuvo al frente del Ministerio Público. Según el documento, los efectos de la persecución trascendieron las causas judiciales y alcanzaron a familias, empleos, viviendas y la participación de las personas afectadas en la vida pública.
Persecusión contra operadores de justicia
La investigación identifica entre los grupos perseguidos a operadores de justicia, periodistas de investigación, autoridades indígenas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y miembros del partido Semilla. También señala patrones como denuncias por hechos que no constituirían delito, procesos judiciales acelerados, uso de figuras penales como terrorismo o asociación ilícita, prisión preventiva prolongada y difusión de información confidencial para promover campañas de hostigamiento.
Beristain explicó que el exilio provocó consecuencias que continúan incluso después de abandonar Guatemala. La información publicada en redes sociales y plataformas digitales sobre los procesos contra los exiliados puede dificultar su acceso a empleo y vivienda en los países donde buscan refugio.
Durante la presentación, Sandy de Argüello, representante de guatemaltecos exiliados en México, señaló que las estadísticas oficiales tampoco reflejan el impacto sobre los familiares. Cónyuges, hijos, padres y otros parientes también enfrentan las consecuencias de la separación y el desplazamiento.
Informe fue entregado a Bernardo Arévalo
El informe propone establecer una mesa de trabajo para garantizar condiciones de retorno seguro y desarrollar una política de descriminalización que involucre a instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Durante el acto, el presidente Bernardo Arévalo reconoció que el exilio documentado responde a una lógica de abuso de poder y afirmó que, aunque el contexto es distinto al del conflicto armado interno, representa una repetición de esa práctica bajo otras circunstancias.
Para los autores, reconocer a quienes debieron abandonar Guatemala y garantizar su regreso con seguridad constituye un paso indispensable para reparar los daños y fortalecer el Estado de derecho.