La presidenta del Organismo Judicial (OJ), Claudia Paredes, asegura que existe “cero tolerancia” frente a la venta de plazas y ascensos dentro de la institución. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con un hecho que ella misma reconoció días atrás: este año recibió una denuncia relacionada con un supuesto cobro de dinero para obtener una plaza en el OJ.
Según explicó Paredes en aquella ocasión, la denuncia fue desestimada debido a la falta de pruebas. El problema no termina con esa decisión. La pregunta que ahora surge es qué ocurrió después de que la máxima autoridad del OJ tuvo conocimiento del señalamiento y qué controles existen para detectar este tipo de prácticas dentro de la institución.
Mecanismo para conseguir plazas en el OJ
La situación cobró mayor relevancia luego de que el periodista Diego España, de La Hora, revelara una investigación periodística sobre un presunto mecanismo para conseguir plazas y ascensos mediante pagos, recomendaciones políticas e influencias internas. La publicación incluyó audios que rápidamente se difundieron en redes sociales.
En una de las conversaciones reveladas, una trabajadora vinculada con Recursos Humanos pregunta a un aspirante si cuenta con “cuello político” o si podría ingresar mediante un sindicato. También se habla del supuesto pago de una cantidad de dinero de forma inmediata y de otra parte después de recibir el primer salario para obtener una plaza presupuestada. Incluso se menciona la posibilidad de conseguir una propuesta de un político o diputado.
MP inicia investigación
A raíz de la publicación de Diego España y La Hora, el Ministerio Público anunció una investigación de oficio a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción. El fiscal general, Gabriel García Luna, confirmó que ya comenzaron las primeras diligencias para verificar los señalamientos y establecer si existen elementos que permitan determinar la posible comisión de delitos.
En este escenario, decir que existe “cero tolerancia” resulta insuficiente. Paredes, como presidenta del OJ, tiene la responsabilidad de explicar qué hizo cuando recibió aquella primera denuncia, por qué fue desestimada y qué mecanismos de control operaban entonces.
La investigación del MP deberá determinar si las acusaciones tienen sustento. Pero, independientemente de su resultado, la contradicción ya está planteada: mientras Paredes defiende una política de tolerancia cero, persisten preguntas sobre denuncias que llegaron previamente a su conocimiento y sobre los controles internos que deberían impedir que una plaza judicial pueda convertirse, siquiera presuntamente, en objeto de negociación.