El juez Mynor Moto mantiene detenido el antejuicio promovido contra Fredy Orellana, pese a que la Ley en Materia de Antejuicio establece un plazo máximo de tres días hábiles para que un juez que no tiene competencia se inhiba y remita el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Ministerio Público presentó el 31 de agosto la solicitud para retirar la inmunidad de Orellana, con el objetivo de que pueda ser investigado por supuestos actos de corrupción relacionados con el caso Valat. El expediente fue asignado a Moto, quien lo recibió el 1 de septiembre. Sin embargo, más de 20 días después, continúa en su juzgado.
La explicación de Moto ha sido la carga excesiva de trabajo. Pero esa respuesta resulta difícil de sostener cuando la propia ley establece un procedimiento concreto y un plazo de apenas tres días.
El juez no tiene que decidir si Orellana es culpable o inocente. Tampoco debe resolver si procede investigarlo. Su actuación en esta fase es mucho más sencilla: notificar, inhibirse y trasladar el expediente a la CSJ.
Entonces, ¿por qué el expediente sigue detenido?
Dos jueces sancionados internacionalmente
El episodio resulta todavía más cuestionable porque Mynor Moto y Fredy Orellana han sido sancionados internacionalmente por Estados Unidos.
Moto figura entre los jueces señalados por Estados Unidos por corrupción y obstrucción de la justicia, mientras que Fredy Orellana enfrenta medidas restrictivas de ese país y también de la Unión Europea, que lo incluyó por acciones consideradas contrarias a la democracia y al Estado de Derecho.
Ahora, el expediente para investigar a Orellana permanece en manos de Moto.
Esto no demuestra por sí mismo que exista un acuerdo entre ambos para impedir una investigación. Pero sí crea un escenario que exige explicaciones: un juez sancionado internacionalmente mantiene detenido el trámite contra otro juez igualmente sancionado.
Antecedentes de Moto
Y Moto ya tiene un antecedente que genera más dudas. En 2018 tardó más de un mes en trasladar una solicitud de antejuicio contra Felipe Alejos, pese a que su función en esa etapa estaba limitada a notificar y remitir el expediente.
El problema actual es todavía más elemental: la ley habla de tres días y ya transcurrieron más de 20.
Mientras Moto no remita el expediente, la CSJ no puede decidir si da trámite al antejuicio contra Orellana.
La justicia no puede exigir credibilidad mientras sus propios operadores incumplen los plazos que deben respetar.
En este caso, la pregunta es inevitable: ¿qué justifica que un trámite de tres días permanezca detenido durante más de 20 cuando el señalado es Fredy Orellana?
Moto debe explicar la demora y cumplir con el procedimiento.
Porque cuando la ley establece tres días, convertirlos en más de 20 no es celeridad: es una demora que necesita una explicación pública.