Las carreras por intentar quitar el antejuicio a los jueces de mayor riesgo Erika Aifán y Pablo Xitumul están evidenciando vicios en el proceso que está violando del derecho de defensa de los juzgadores.
En el caso de Xitumul la Corte Suprema de Justicia rechazó por cuarta ocasión su solicitud de presentar pruebas que evidencian que él no cometió ningún delito ni falta. Que por el contrario él fue víctima de un agente de la PNC que actuó con prepotencia e intentó revisar un vehículo donde había mujeres y niños. Además empujó y agredió verbalmente a Xitumul.
La CSJ indicó que Xitumul debió presentar pruebas antes, sin embargo el juzgador indicó que el juez pesquisidor Eduardo Galván, quien envió el informe a los magistrados sugiriendo retirar la inmunidad, no le dio audiencia lo que violó su derecho de defensa.
En el caso contra la jueza Erika Aifán el juez pesquisidor, Isaías Chávez, es secretario del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ) el mismo que denunció a la jueza y por la que ahora intentan retirarle la inmunidad. El juez Chávez tiene un claro conflicto de interés, pero no se excuso de conocer el proceso y por el contrario citó a representantes del Instituto el próximo 8 de noviembre para que ratifiquen la denuncia contra Aifán.
Además fijó el 15 de noviembre para que Aifán presente las pruebas de descargo contra el caso.
Analistas en temas de seguridad han informado que ambos casos avanzan a pesar de las anomalías reportadas y se ve como un intento por criminalizar a jueces que llevan casos de alto impacto para evitar que sigan conociéndolos y así beneficiar a personas acusadas de casos de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.