En las últimas semanas el país ha visto cómo algunas cortes, a pesar de las evidencias, han fallado para que algunos personajes acusados de corrupción dejen la prisión y regresen a sus casas o han ordenado que algunos delitos ameriten medida sustitutiva, haciendo que la nueva moda sea cambiar la cárcel por casa.
El primer caso sucedió cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) determinó que varios delitos relacionados con casos de corrupción podrían ser beneficiados con medidas sustitutivas. Todo comenzó cuando el abogado Julio García Merlos presentó una inconstitucionalidad a la ley contra la corrupción aprobada en el 2012. La anterior CC decidió no otorgarle el amparo. Sin embargo la nueva Corte integrada por Magistrados cuestionados sí lo otorgaron.
Delitos como malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, prevaricato, colusión o nombramiento ilegales entre otros pueden ser beneficiados con medidas sustitutivas.
A esto se le une la decisión de un juzgado de ejecución penal que decidió darle libertad anticipada al exdiputado Gudy Rivera quien se encontraba cumpliendo una pena de 8 años de prisión por el delito de tráfico de influencias.
A criterio del juzgado Rivera mostró buena conducta durante los cinco años que estuvo en prisión. El exdiputado fue condenado en octubre del 2016 a 13 años de prisión después que intentó influir en la magistrada Claudia Esocbar para que favoreciera a Roxana Baldetti.
El último de los casos fue el beneficio que logró el exdiputado Armando Escribá de parte de la sala segunda de apelaciones para que recobre su libertad de forma inmediata y continúe bajo arresto domiciliario a cambio de un pago de Q100 mil.
Escribá está vinculado al caso construcción y corrupción. La FECI estableció que el exdiputado tuvo nexos con empresas que firmaron contratos por Q194 millones. Parte del dinero terminó en cuentas bancarias de empresas relacionadas a Escribá o personas cercanas.