La investigación por presuntas adopciones ilegales que vincula a la exfiscal general Consuelo Porras vuelve a quedar rodeada de dudas, opacidad y señales de posible protección institucional dentro del Ministerio Público (MP). Mientras organismos internacionales y autoridades guatemaltecas buscan esclarecer los hechos, el expediente permanece estancado y ahora bajo control de la fiscal Cinthia Monterroso, funcionaria sancionada internacionalmente y considerada una de las operadoras más cercanas a la exjefa del MP.
La situación ha despertado fuertes críticas debido a que, lejos de avanzar hacia el esclarecimiento de las denuncias, la investigación parece avanzar hacia un nuevo laberinto burocrático. La Procuraduría General de la Nación (PGN) denunció públicamente que el Ministerio Público le ha negado acceso al expediente, una decisión que genera preocupación tomando en cuenta la gravedad de los señalamientos y el interés superior de posibles víctimas.
Además, la PGN cuestionó las diligencias realizadas por la fiscalía en archivos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, señalando dudas sobre el manejo del caso y la transparencia de las actuaciones.
Piden cambio de fiscalía
El diputado José Chic, quien presentó la denuncia contra Porras, pidió que el expediente sea trasladado a la Fiscalía contra la Trata de Personas o a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, argumentando que la actual fiscalía no ofrece garantías de independencia.
La petición cobra mayor relevancia al conocerse que la investigación es conocida por Monterroso, una fiscal señalada por distintos sectores de actuar en favor de estructuras afines a la exfiscal general.
La representante de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Lucrecia Prera, confirmó que el MP rechazó una solicitud para cambiar la fiscalía encargada del caso, manteniendo el expediente en la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia. Pese a ello, adelantó que insistirán en apartar el caso de esa unidad.
Señalamientos internacionales contra Porras
La denuncia tomó fuerza tras revelaciones efectuadas por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes identificaron posibles irregularidades en adopciones realizadas mientras Porras trabajó en el albergue Elisa Martínez durante la década de 1980.
A esto se suma la investigación del medio internacional El Faro, que documenta presuntas adopciones irregulares de niños guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Según la publicación, documentos entregados a expertos de la ONU vinculan a Porras con al menos 80 denuncias de adopciones ilegales realizadas entre 1968 y 1996.
El caso no solo pone nuevamente bajo cuestionamiento a la exfiscal general, sino también al Ministerio Público actual, señalado de mantener estructuras internas que continúan protegiendo a funcionarios cercanos al antiguo poder dentro de la institución.