El Ministerio Público de Consuelo Porras sigue al servicio de grupos que buscan impunidad y criminalizar a jueces y fiscales que en el pasado intentaron que la justicia prevaleciera.
La solicitud de antejuicio contra la jueza de mayor riesgo “A”, Claudette Domínguez ya fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que siga su camino y se designe a un juez pesquisidor.
La jueza Dominguez es el tercer juzgadora que es denunciada por el Ministerio Público (MP) como producto de una ofensiva para intentar que los casos de corrupción sean afectados y los acusados sean beneficiados.
El pasado 12 de julio la fiscalía de asuntos internos pidió el retiro del antejuicio contra Dominguez debido a que autorizó acuerdos de colaboradores eficaces que explicaron cómo le trasladaron millones de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht hacía el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. El dinero también llegó a manos de Manuel Baldizón, Roxana Baldetti y diputados que aprobaron proyectos de construcción.
El MP en este caso ha actuado más como defensa de Sinibaldi que como un ente encargado de investigar hechos delictivos. Tanto así, que celebró que un sala de apelaciones haya cancelado el acuerdo de colaboración eficaz.
Además de criminalizar a la jueza Dominguez, el MP ha presentado solicitudes de antejuicio contra la exjueza Erika Aifán y contra el juez Pablo Xitumul. Además la CSJ dio trámite a un antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez.