La Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó, de manera provisional, que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, no puede ser removida.
La corte le indicó al Gobierno que se «abstenga» de «todo acto» que «atente contra el mandato» de Porras. Esto luego de que el presidente, Bernardo Arévalo, anunciara una reforma de ley para removerla del cargo antes de que expire su período en 2026.
El dictamen responde a un recurso interpuesto por el MP ante la Corte de Constitucionalidad, horas antes de que Arévalo expusiera en cadena nacional sus intenciones de remover a Porras del puesto que ocupa desde 2018.
Dicha remoción sería posible con una reforma de ley presentada por el gobernante ante el Congreso, que habilita la remoción de quien ocupe el puesto de fiscal general. La normativa vigente solo permite su salida mediante una condena en un proceso legal.
Iniciativa para destituir a Consuelo Porras sigue vigente
Para validar la reforma planteada por Arévalo de León, se necesitarían al menos 107 votos de los 160 escaños del Congreso, según la ley guatemalteca.
Sin embargo, será el partido oficialista, el Movimiento Semilla, y el mismo Arévalo, quienes determinen si continúan adelante con la propuesta de ley ante el dictamen de la corte.
Durante una intervención el pasado domingo, el mandatario recordó que la fiscal Porras ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculadas a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes denuncian la corrupción.
«El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo», argumentó el mandatario en ese momento.
La votación de la Corte de Constitucionalidad fue de cuatro votos a favor y uno en contra.
Entre los magistrados que votaron a favor están Leyla Lemus, exmano derecha del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y Néster Vásquez, sancionado por EE.UU. bajo señalamientos de corrupción.
Porras y su séquito, sancionados por más de 40 países
Porras Argueta y la cúpula del Ministerio Público están sancionados por Estados Unidos desde 2021 bajo señalamientos de «socavar» la Justicia en Guatemala. Además, por otros 40 países que conforman la Unión Europea.
A la fiscal general se le atribuyen los intentos por evitar la investidura de Arévalo en enero pasado, así como la persecución judicial en los últimos años a más de 100 personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluido el periodista José Rubén Zamora Marroquín, preso desde 2020.