La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de dejar sin efecto los amparos que suspendían la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) representa un nuevo golpe para la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el respeto al Estado de Derecho.
Con los votos de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera Aguilar, la máxima corte del país ordenó a los juzgados que habían otorgado medidas de protección cancelar los trámites pendientes y dar marcha atrás a resoluciones que cuestionaban la legitimidad del proceso electoral universitario. La decisión tiene efectos inmediatos.
Más allá de los argumentos jurídicos que puedan esgrimirse, el mensaje político e institucional es contundente: las denuncias, cuestionamientos y reclamos formulados durante años por amplios sectores de la comunidad sancarlista vuelven a quedar relegados.
El fraude de Mazariegos
La elección de Mazariegos ha estado marcada desde su origen por una profunda controversia. La exclusión de cuerpos electorales, las denuncias de falta de participación, las protestas estudiantiles y académicas, así como los constantes señalamientos sobre la legitimidad del proceso, han acompañado a su administración desde 2022. Lejos de disiparse, esas dudas se profundizaron durante la reciente reelección.
La USAC atraviesa una de las crisis institucionales más severas de su historia reciente. La polarización interna, los cuestionamientos a la transparencia administrativa y las denuncias sobre restricciones al acceso a la información han deteriorado la imagen de la única universidad pública del país.
Por ello, la resolución de la CC no solo tiene implicaciones legales. También impacta en la percepción de miles de estudiantes, docentes y profesionales que esperaban que los tribunales ofrecieran respuestas a las dudas planteadas sobre el proceso electoral universitario.
Autonomía universitaria
La autonomía universitaria no puede reducirse a una formalidad administrativa ni a una disputa de poder. Su esencia radica en garantizar procesos legítimos, transparentes y representativos. Cuando las instituciones encargadas de proteger esos principios optan por validar procesos cuestionados sin resolver de fondo las preocupaciones de la comunidad universitaria, el daño trasciende a una elección.
La decisión de la CC podrá cerrar temporalmente una batalla judicial, pero difícilmente pondrá fin a la crisis de legitimidad que desde hace años persigue a las autoridades de la USAC. La justicia constitucional ha hablado. Sin embargo, para una parte importante de la comunidad sancarlista, las preguntas siguen sin respuesta.