La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recientemente sobre una crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad de Guatemala, derivada de la persecución judicial a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, impulsada desde el Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras.
Durante una visita al país entre el 22 y el 26 de julio, la CIDH indicó que verificó de primera mano “la crisis que atraviesa el sistema de justicia en Guatemala, derivada de una serie de injerencias sistemáticas dirigidas a socavar la independencia judicial”. La Comisión señaló que esta criminalización es posible porque el Ministerio Público, algunos sectores del Poder Judicial y otros actores manipulan el aparato judicial con el objetivo de perpetuar la impunidad y la corrupción.
No es la primera vez que organismos internacionales cuestionan la actuación de la Fiscalía. En 2024, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, denunció persecución contra funcionarios judiciales, líderes sociales y periodistas que investigaban corrupción.
Informe de la CIDH denuncia acciones de Consuelo Porras
Consuelo Porras, al frente del Ministerio Público desde 2018, ha sido sancionada por 42 países, incluyendo Estados Unidos, que le prohibió a ella y a varios de sus fiscales la entrada a su territorio por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción.
Desde 2022, bajo el segundo mandato de Porras designado por el expresidente Alejandro Giammattei, al menos 100 operadores de justicia, activistas y periodistas se han exiliado tras investigaciones por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
El informe de la CIDH denuncia que el Ministerio Público utiliza a sus fiscalías para acciones penales selectivas, aceptando denuncias sin control riguroso de su legalidad. Dos casos paradigmáticos son la detención del periodista José Rubén Zamora, preso más de tres años sin juicio, y de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que cumplen casi ocho meses en prisión por protestas en 2023 contra la fiscal Porras.
Conveniencia entre el Legislativo y Judicial
La CIDH también advirtió sobre la connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, orientada a restringir la autoridad del Ejecutivo, y documentó la vulnerabilidad de pueblos indígenas, mujeres, niñas y comunidades LGBTI, que enfrentan violencia y acceso limitado a servicios básicos.
El informe emitió 43 recomendaciones para fortalecer la institucionalidad democrática y la independencia judicial, proponiendo un examen independiente del Ministerio Público durante los siete años de Porras, con miras a reformas legales y garantía de derechos humanos. En respuesta, organizaciones civiles crearon la “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política” para documentar y registrar la criminalización con fines legales nacionales e internacionales.
Recomendaciones clave de la CIDH:
- Garantizar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.
- Proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales.
- Implementar reformas legales para prevenir la impunidad y la corrupción.
- Asegurar el acceso de pueblos indígenas, mujeres y comunidades LGBTI a derechos básicos y protección contra la violencia.
- Realizar un examen independiente sobre el impacto de las políticas del Ministerio Público en derechos humanos.