La reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala ha puesto en evidencia la crisis que atraviesa el sistema de justicia del país bajo la dirección del Ministerio Público (MP) encabezado por Consuelo Porras.
El informe presentado por la CIDH revela una serie de deficiencias alarmantes que reflejan un uso distorsionado de la justicia y un claro incumplimiento de los derechos humanos. Entre las diez recomendaciones clave emitidas por la comisión, destaca la necesidad urgente de realizar un examen independiente del funcionamiento del MP.
Esta recomendación no es una mera formalidad, sino una respuesta a la creciente preocupación sobre la imparcialidad y eficacia del ente investigador. La comisionada Andrea Pochak ha sido contundente al señalar que el sistema de justicia guatemalteco ha sido instrumentalizado para la persecución selectiva de actores sociales y políticos.
CIDH califica acciones del MP como criminalización
Casos emblemáticos como el del periodista José Rubén Zamora y las investigaciones en contra del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera ilustran el abuso de poder y la falta de legitimidad en los procesos judiciales actuales.
Pochak ha calificado la situación como una “criminalización” sistemática que afecta a una amplia gama de actores: desde operadores de justicia y defensores de derechos humanos hasta periodistas, legisladores y miembros de la sociedad civil. Esta práctica, según la CIDH, ha proliferado especialmente desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019. El informe señala que el MP, lejos de ser un baluarte de justicia imparcial, se ha convertido en un instrumento de persecución política y personal.
Roberta Clarke, relatora sobre derechos humanos de la CIDH, ha criticado la falta de independencia del MP y su tendencia a operar con parcialidad y en represalia. Clarke ha resaltado la preocupante frecuencia con la que se procesan a los mismos individuos y el uso excesivo de la prisión preventiva, así como la imposición de cauciones económicas desproporcionadas. Estos elementos no solo han incrementado el sufrimiento de los afectados, sino que también han erosionado la confianza pública en el sistema judicial.
Sistema de justicia afectado por la corrupción
El informe de la CIDH, a pesar de las negaciones del MP sobre la existencia de prácticas de criminalización, pone en evidencia una realidad preocupante: el sistema de justicia en Guatemala está profundamente afectado por la corrupción y el abuso de poder. La criminalización sistemática de diversos actores sociales no es un accidente, sino una estrategia deliberada que exige una reforma urgente y profunda.
En conclusión, el MP bajo el mando de Consuelo Porras ha demostrado ser un instrumento de opresión y persecución, lejos de cumplir con su deber de proteger los derechos y garantizar una justicia imparcial. La comunidad internacional y las autoridades guatemaltecas deben actuar con prontitud para implementar las recomendaciones de la CIDH y restaurar la integridad del sistema judicial, para asegurar que la justicia en Guatemala vuelva a ser un pilar de equidad y respeto por los derechos humanos.