La aceptación de cargos del exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el caso Libramiento de Chimaltenango no representa un acto de justicia, sino un nuevo episodio que expone las profundas distorsiones del sistema judicial guatemalteco cuando se trata de funcionarios vinculados al poder político. El mensaje que deja este proceso es claro y preocupante: robar desde el Estado puede salir barato si se cuenta con las resoluciones adecuadas.
José Luis Benito, exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales, aceptó nuevamente su responsabilidad por el delito de fraude el 17 de diciembre de 2025. Sin embargo, lejos de enfrentar una sanción proporcional al daño causado, recibió una condena mínima que, tras la reducción por aceptación de cargos, quedó en dos años y seis meses conmutables. En la práctica, su tiempo efectivo de prisión se reduce a apenas 27 días, considerando el período que ya estuvo en prisión preventiva. Es decir, casi libre.
Este resultado no puede analizarse sin señalar el rol determinante de la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz. Fue ella quien dejó sin efecto la sentencia previa de nueve años dictada por la jueza Claudette Domínguez, abriendo la puerta a un nuevo proceso que terminó beneficiando ampliamente al exministro. No se trata de una decisión aislada: la jueza Cruz ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por resoluciones que favorecen a señalados de corrupción de alto perfil.
La “megaobra” de Jimmy Morales y José Luis Benito
El Libramiento de Chimaltenango, una obra presentada como “megaobra” por el expresidente Morales, costó más de Q550 millones al Estado. Desde su inauguración, la carretera ha colapsado en más de 20 ocasiones, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. A pesar de ello, Benito insiste en que el tramo que estuvo bajo su responsabilidad “está en perfectas condiciones” y que no hubo sobrevaloración ni fraude, una afirmación que choca frontalmente con la realidad visible y documentada.
El argumento de que no se establecieron montos defraudados o que no hubo coimas resulta insuficiente frente a un delito de fraude ya aceptado por el propio acusado. La responsabilidad de un ministro no se limita a firmar documentos, sino a garantizar que las obras públicas se ejecuten con criterios técnicos, legales y de interés público. Eso claramente no ocurrió.
Recusan a Abelina Cruz
La Procuraduría General de la Nación presentó una recusación contra la jueza Cruz, por haber emitido opinión al resolver, lo cual refuerza las dudas sobre la imparcialidad del proceso. Mientras tanto, la Sala Segunda de Mayor Riesgo deberá decidir si corrige o legitima este nuevo precedente de impunidad.
Lo ocurrido con José Luis Benito no es solo un caso individual, sino un símbolo del desgaste institucional del país. Un sistema en el que los corruptos negocian condenas, minimizan daños evidentes y se presentan como víctimas de procesos “desgastantes” es un sistema que ha renunciado a la justicia como principio.
El Libramiento de Chimaltenango sigue cayéndose. La credibilidad del sistema judicial, también.