La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha vuelto a ser motivo de escarnio internacional. Su más reciente intento de criminalizar a quienes lucharon contra la corrupción —como el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo— ha sido desmontado de forma categórica por la Interpol.
La W Radio de Colombia confirmó que la Organización Internacional de Policía Criminal no tramitará ninguna circular roja contra los dos exmiembros de la CICIG, desnudando así la falta de fundamento legal y el uso político de la justicia por parte de Porras.
“El jefe de la Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos”, sentenció el medio. El mensaje es claro: la comunidad internacional no será cómplice de una dictadura fiscal.
¿Quién es Iván Velásquez y por qué molesta tanto a Consuelo Porras?
Velásquez fue el rostro más visible de la CICIG, un organismo respaldado por Naciones Unidas que logró desarticular redes político-empresariales dedicadas al saqueo del Estado. Junto a la entonces fiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, reveló casos emblemáticos como el de La Línea, Cooptación del Estado y Odebrecht, en el que estaban implicados nombres como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
Hoy, esos mismos personajes están en libertad gracias a la gestión de Porras, quien ha desmantelado los logros de la CICIG, persiguiendo a quienes la dirigieron y a sus aliados dentro del Ministerio Público. Iván Velásquez, al conocer la orden de captura en su contra, no dudó en responder:
“Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”.
Y añadió algo que resuena en los pasillos de la justicia internacional: llamó a Porras “corrupta”, lo que muchos en Guatemala y fuera del país consideran una descripción precisa.
La Sala de los favores ilegales
Las órdenes de captura contra Velásquez y Camargo fueron emitidas por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, que, según el Código Procesal Penal, no tiene competencia para emitir órdenes de captura. Hacerlo constituye prevaricato, un delito que consiste en emitir resoluciones contrarias a la ley.
Pero todo tiene explicación cuando se observa quiénes integran esa Sala. El presidente, Alejandro Prado Estrada, fue abogado del diputado Felipe Alejos, señalado de tráfico de influencias. Otro magistrado, Mario Federico Hernández Romero, ha sido abogado de Alejandra Carrillo, esposa de Alejos y exdirectora del Instituto de la Víctima. La misma Carrillo promovió la estructura que hoy controla las cortes.
Esta sala no imparte justicia; responde a intereses oscuros.
Colombia reacciona: Consuelo Porras, acusada de obedecer al crimen
El rechazo internacional no se hizo esperar. La canciller de Colombia, Laura Sarabia, fue contundente:
“Sin sustento jurídico, esta orden vulnera la justicia internacional y los principios del derecho”.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue más allá y denunció que el Ministerio Público de Guatemala “obedece al crimen”. Comparó la persecución contra Velásquez con lo ocurrido en Perú, con el derrocamiento de Pedro Castillo, y remató:
“Estas fiscalías no sirven al pueblo, sirven al crimen”.
Una persecución impulsada por los mismos que fueron desenmascarados
La acusación de Porras y Rafael Curruchiche, actual jefe de la FECI, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, por obstruir casos de alto impacto y atentar contra la Democracia, sostiene que Velásquez es responsable del manejo irregular del caso Odebrecht. Pero fue precisamente Velásquez quien sacó a la luz pública el caso cuando encabezaba la CICIG. Que ahora se le señale de favorecer a los acusados es un sinsentido que solo tiene lógica desde la impunidad.
Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, principales implicados en ese escándalo de corrupción, están ahora libres y han iniciado una cruzada de vendettas políticas junto a los operadores del Pacto de Corruptos. Y es su aliada, Consuelo Porras, la que pone el brazo judicial al servicio de esta maquinaria.
La justicia convertida en arma del poder
Con esta nueva embestida, Porras demuestra una vez más que ha convertido el Ministerio Público en una herramienta de persecución política. Los verdaderos corruptos, los saqueadores del Estado, los operadores del fraude judicial, están protegidos. En cambio, quienes defendieron la justicia, hoy son señalados como criminales.
Lo que no anticipó Porras fue el fracaso estrepitoso de su estrategia internacional. La Interpol la dejó en ridículo. Colombia la denuncia en foros diplomáticos. Los expresidentes que antes la aplaudían, hoy guardan silencio. Y miles de guatemaltecos exiliados observan desde fuera cómo la fiscal general insiste en destruir lo que queda de institucionalidad.
Consuelo Porras pasará a la historia no como una defensora de la justicia, sino como una pieza más del engranaje de la impunidad. Una fiscal general arrodillada ante el crimen, desenmascarada ante el mundo. Y en ese retrato, ya no hay máscara que la salve.