El 2 de junio de 2016, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaron uno de los casos más graves de corrupción en la historia reciente del país: Cooptación del Estado. Esta investigación, derivada del caso La Línea, expuso la existencia de una estructura criminal que se apoderó de las instituciones públicas más importantes entre 2012 y 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ocupaban la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente.
Según la CICIG, durante su gobierno, esta red criminal recibió aproximadamente 500 millones de quetzales en comisiones ilícitas producto de al menos 70 contratos adjudicados en diversas entidades estatales. Lo más alarmante fue que las investigaciones concluyeron que no se trataba de hechos aislados de corrupción, sino de una organización mafiosa incrustada en el poder, que había accedido al Gobierno mediante elecciones y desde ahí operaba con total impunidad.
Origen: una red planificada desde la derrota de 2007
La investigación reveló que el esquema de corrupción se gestó luego de que el Partido Patriota perdiera las elecciones presidenciales en 2007. Desde ese momento, sus líderes comenzaron a diseñar una Red Político-Económica Ilícita (RPEI) para financiar su campaña del 2011, año en que finalmente alcanzaron el poder. Durante el gobierno de Pérez Molina y Baldetti, esta estructura se perfeccionó y permitió el lavado de activos, el financiamiento electoral ilícito, el cohecho pasivo y la asociación ilícita, según los cargos presentados por el MP y la CICIG.
Un caso debilitado por la cooptación
Con la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, el caso, al igual que otros emblemáticos de corrupción, comenzó a mostrar señales de debilitamiento. Las audiencias se aplazaron repetidamente, algunos sindicados quedaron libres de cargos y otros actores clave de la investigación —incluidos jueces y fiscales— fueron removidos o perseguidos.
Uno de los momentos más recientes que demuestra esta tendencia fue el intento fallido del Juzgado de Mayor Riesgo B el 21 de febrero de 2025 por cumplir la orden de enviar a juicio a 13 implicados. La audiencia fue suspendida por tercera vez, debido a ausencias justificadas de abogados defensores. Además, la defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir la orden de ir a juicio.
¿Quiénes siguen procesados?
Luego de un fallo emitido por la jueza Eva Recinos en noviembre de 2023, 19 señalados fueron desligados del caso por falta de pruebas. Sin embargo, el MP, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), apeló parcialmente la resolución, y la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo revocó el sobreseimiento de 13 acusados. Estos son:
- Alex Ricardo Girón Martínez – asociación ilícita
- Dani Cronwell Gento Mayorga – asociación ilícita y cohecho activo
- Hugo Artemio Rodríguez Murcia – cohecho pasivo
- Carlos Enrique Batzin Chojoj (exministro de Cultura) – asociación ilícita y cohecho pasivo
- Dwight Anthony Pezzarossi García (exministro de Cultura) – asociación ilícita y cohecho pasivo
- Julio Rolando Sandoval Cano – asociación ilícita y cohecho pasivo
- Josué Isaac Rivera Aldana – asociación ilícita y lavado de dinero
- Luis Gustavo Montoya García – asociación ilícita y lavado de dinero
- Oscar Ludwing Osorio Ovalle – asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero
- Raúl Eduardo Castillo Castillo – asociación ilícita y lavado de dinero
- Juan Carlos Salguero Barrientos – cohecho activo
- Byron Enrique Barrera Menéndez – cohecho activo
- Héctor Hugo Solano Morales – asociación ilícita y cohecho activo
Sin embargo, varios exfuncionarios clave han sido librados de cargos, como el exministro Dwight Pezzarossi, el exministro Carlos Batzín, el exdirector del Renap, Rudy Gallardo, y la exdirectora del Registro de Información Catastral, Emilia Ayuso, todos por el delito de cohecho pasivo.
Un juicio que parece no llegar
El juez Manolo López, a cargo del proceso, decidió aplazar la audiencia y esperar la resolución de la CSJ sobre el recurso de casación, lo que mantiene el caso en una situación de estancamiento judicial. Mientras tanto, los acusados siguen sin enfrentar juicio, y el caso Cooptación del Estado, que en su momento mostró cómo el crimen organizado puede tomar el control del Estado a través de las urnas, corre el riesgo de quedar impune, como tantos otros desde el desmantelamiento del trabajo de la CICIG.
A casi una década de su revelación, el caso Cooptación del Estado sigue siendo un símbolo de cómo la corrupción estructural puede operar al más alto nivel del poder político en Guatemala. Lo que comenzó como una investigación sólida respaldada por organismos internacionales, hoy se encuentra en manos de un sistema de justicia cooptado, donde las audiencias se suspenden, los acusados son desligados sin mayores consecuencias y los casos se desvanecen con el paso del tiempo. La pregunta que queda en el aire es: ¿se hará justicia o se consolidará la impunidad?