La reciente confirmación del presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Lucero Paz, de que el pleno no ha abordado la destitución del juez Fredy Orellana, revela una vez más un patrón de inacción institucional que, lejos de ser casual, parece deliberado.
Resulta particularmente grave que el tema ni siquiera haya sido discutido, pese a que el propio OJ anunció semanas atrás que se iniciaría el trámite correspondiente. La contradicción es evidente: mientras la Corte promete transparencia, sus actos demuestran una clara voluntad de dilatar procesos clave.
Denuncias contra Fredy Orellana están archivadas
El caso Orellana no es un expediente más. Es un caso que define, con precisión quirúrgica, la crisis de independencia y credibilidad del sistema judicial. Una investigación de LaHora documentó que el juez acumula 13 denuncias administrativas, de las cuales la Junta de Disciplina Judicial ha archivado 12, sin investigación formal.
La estadística, por sí sola, delata un mecanismo institucional diseñado no para sancionar, sino para proteger. La única denuncia activa quedó también atrapada en la trampa de los retrasos y la burocracia.
La Junta de Disciplina —integrada por la magistrada Beyla Estrada Barrientos y los vocales Dora Fuentes López y Leonel Sáenz Bojórquez— ha mantenido, en el caso de Orellana, un patrón inamovible: ninguna falta, ningún hallazgo, ningún reproche. La ausencia de resultados no refleja la inocencia del juez, sino la incapacidad —cuando no la complicidad— de un sistema disciplinario que opera bajo criterios políticos más que jurídicos.
Orellana, sancionado internacionalmente por ataques a la democracia, ha sido un actor central en momentos críticos del país. Su orden de suspender al Movimiento Semilla en plena crisis poselectoral de 2023, utilizando una norma ajena a la legislación electoral, lo convirtió en un emblema del uso discrecional del derecho para fines políticos. Y aun así, el Organismo Judicial no muestra prisa alguna por revisar su conducta.
Intervención de la CC
Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha debido intervenir en repetidas ocasiones para corregir o anular resoluciones del juez, recordándole que los resultados electorales de 2023 son definitivos y que su actuación no puede contradecir la Constitución. La CC incluso reactivó un amparo que cuestiona su imparcialidad, después de que la Sala Primera lo rechazara vulnerando el derecho de defensa de Semilla.
El caso Orellana dejó de ser un expediente disciplinario: es hoy un termómetro del deterioro institucional. Que la CSJ evite siquiera debatir su destitución confirma lo que la ciudadanía ya sospecha: la justicia guatemalteca no solo está capturada; está paralizada por sus propias lealtades internas.