En medio de un ambiente político cargado y con una nación observando de cerca todos los funcionarios públicos, un grupo de diputados guatemaltecos está detrás de la aprobación de la controvertida serie de reformas que podrían otorgar poderes excepcionales a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta iniciativa 6239, que ha estado en discusión durante un tiempo, se ha acelerado en el Congreso de la República y genera un intenso debate en el país.
Los legisladores, que incluyen a figuras como Maynor Gabriel Mejía Popol (Vamos), Carlos Napoleon Rojas Alarcón (UCN), Hernán Morán Mejía (Prosperidad Ciudadana), Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán (Creo), Karla Andrea Martínez Hernández (UCN), Josué Edmundo Lemus Cifuentes (Vamos), Aníbal Estuardo Rojas Espino (VIVA) y la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Joanna Rivera Zaldaña (Vamos), se han presentado como ponentes de estas reformas que buscan modificar la Ley del Organismo Judicial.
Uno de los cambios más polémicos es el que otorgaría a la CSJ el poder de tomar decisiones clave en cuanto a nombramientos, ascensos, traslados y despidos de jueces y personal. Esto significaría un traspaso significativo de autoridad desde el Consejo de la Carrera Judicial a la CSJ.
Magistrados de la CSJ extienden su mandato
Pero la controversia no se detiene ahí. En medio de esta agitación política, los magistrados de la CSJ y las Salas de Apelaciones extendieron su mandato superando con creces el período estipulado por la Constitución Política de la República. Esta extensión fue recibida con escepticismo y suscita dudas sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
La ausencia de sus sucesores impide que estos magistrados dejen sus cargos, a pesar de las indicaciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) en una opinión consultiva emitida en 2019, justo antes de finalizar su mandato ordinario. La duración de su permanencia en el poder y el impacto que estas reformas podrían tener en su papel son preguntas cruciales en este momento.
Comunidad internacional observa
El país se encuentra dividido, con algunas voces que ven estas reformas como un intento de concentrar más poder en la CSJ y otras que argumentan que esto es necesario para fortalecer el sistema judicial. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos en Guatemala en un contexto de creciente tensión política y social tras denuncias de la corrupción judicial.
Expertos en derecho y política han expresado su profunda preocupación ante las reformas propuestas, argumentando que estas podrían crear un ambiente propicio para que los magistrados de la CSJ recuperen un poder desmedido y generen un clima de persecución contra los jueces que han demostrado su compromiso en la lucha contra la corrupción.
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Esta preocupación se basa en el temor de que la independencia judicial esté en peligro y de que los jueces que han defendido la transparencia y la justicia se enfrenten a represalias por parte de la CSJ.
El futuro de la justicia en Guatemala está en juego, y la rapidez con la que avanzan estas reformas y se extienden los mandatos de los magistrados ha llevado a un punto crítico de inflexión en la historia del país. La sociedad guatemalteca enfrenta un desafío significativo en cuanto a la protección de la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción en el sistema.