Cuatro meses después de que la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes ordenara abrir una investigación para esclarecer el papel del expresidente Jimmy Morales y de su exasesor Carlos Beltetón en los hechos que precedieron al incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción —tragedia en la que murieron 41 niñas el 8 de marzo de 2017— el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras continúa sin avances visibles.
Diciembre llegó con el expediente en el mismo punto en el que quedó en agosto: paralizado, sin acciones procesales conocidas y sin una justificación pública sobre el retraso.
La orden no surgió de la nada. Durante el juicio, testigos mencionaron al expresidente al menos seis veces, planteando dudas sobre su intervención en las decisiones que tomaron las fuerzas de seguridad en las horas previas al incendio. La propia jueza Cifuentes retomó esos testimonios en la sentencia y dispuso que el MP iniciara la investigación correspondiente.
Los señalamientos hacia Jimmy Morales
Entre los señalamientos más relevantes está el testimonio del exjefe de la Procuraduría de Menores, Harold Flores, quien afirmó que Beltetón —entonces asesor presidencial— estuvo en el hogar antes del incendio. También la exdefensora de la PDH Ana Lucía Peláez Vicente ubicó al asesor en el lugar.
Beltetón declaró en septiembre de 2023 y reconoció que enlazó al presidente Jimmy Morales con el subcomisario Wilson López Maldonado, quien confirmó que la orden de mantener a la PNC en el hogar provino del entonces mandatario. López Maldonado añadió que el incendio pudo evitarse si esa intervención no hubiera ocurrido.
En enero de 2025, Nery Ramos, exdirector de la PNC y actual presidente del Congreso, ratificó que Morales dio instrucciones directas al subcomisario, rompiendo la cadena de mando policial. Otro testigo, un médico del hogar, declaró que el 7 de marzo recibió la indicación —a través de personal del Ejecutivo— de mantener encerradas a las niñas.
La jueza Cifuentes destacó además las contradicciones de Beltetón: mientras ante el tribunal aseguró haber acudido “a título personal”, los testimonios lo sitúan identificándose como asesor presidencial e incluso advirtiendo que la desobediencia a las órdenes de Jimmy Morales derivaría en despidos.
El MP de Porras no ha movido un dedo
Pese a la gravedad de estos elementos, el MP no ha informado sobre diligencias, análisis de declaraciones, solicitudes de documentación o citaciones.
La inacción resulta aún más significativa considerando que fue Jimmy Morales quien designó a Consuelo Porras como fiscal general en 2018, detalle que organizaciones sociales, víctimas y analistas han recordado al cuestionar la falta de movimiento en este expediente.
La orden judicial es clara, los testimonios son numerosos y la tragedia dejó una deuda histórica con 41 niñas y sus familias. Lo único que no cambia es el comportamiento del MP: silencioso, inmóvil y funcional a los intereses de quienes no desean que estas responsabilidades se investiguen.