La democracia en Guatemala atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. En los últimos días, las acciones del juez Fredy Orellana y de la fiscal general Consuelo Porras han desencadenado una crisis institucional que amenaza con desestabilizar al país y socavar los resultados electorales de 2023. El presidente Bernardo Arévalo ha denunciado públicamente un intento de golpe de Estado en curso, señalando a ambos funcionarios como los principales responsables de esta conspiración contra el orden constitucional.
El epicentro de la polémica fue la resolución emitida por Orellana en días recientes, mediante la cual ordenó la nulidad del partido oficial Movimiento Semilla, que llevó a la Presidencia a Arévalo. La decisión fue tomada a puerta cerrada y a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), encabezada por Rafael Curruchiche, un funcionario sancionado por 42 países por su implicación en redes de corrupción.
La argumentación oficial de la nulidad se basó en supuestas irregularidades durante la constitución del partido, pero el contexto revela un patrón claro de intervención política y judicial con el fin de revertir los resultados electorales que la Corte de Constitucionalidad ratificó en diciembre de 2023.
Nuevo intento de golpe de Estado
El impacto de esta resolución se amplificó por una campaña coordinada en redes sociales, donde cuentas vinculadas a netcenters promovieron la destitución de diputados y funcionarios electos bajo la bandera de Semilla, incluyendo al propio presidente Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera.
Este acto no solo constituye un ataque directo contra un partido político, sino también una afrenta abierta contra la voluntad popular expresada en las urnas, una acción que expertos y organizaciones nacionales califican de intento de golpe de Estado.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala advirtió sobre la gravedad de los hechos y calificó las acciones de Orellana y del Ministerio Público como un “nuevo intento para desconocer los resultados electorales”. Por su parte, la Alianza por las Reformas condenó la maniobra, denunciando que jueces y magistrados vinculados a redes de corrupción buscan alterar la independencia del sistema judicial y el equilibrio de poderes, asegurando la continuidad de magistrados afines en la Corte de Constitucionalidad.
“Porras y Orellana son enemigos de Guatemala”
El presidente Arévalo ha señalado con claridad que la cúpula del MP, encabezada por Porras, ha impulsado una “embestida judicial” que pone en riesgo la estabilidad institucional del país.
“Porras y Orellana son enemigos de Guatemala. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de derecho”, afirmó en cadena nacional, al tiempo que solicitó a la Corte Suprema de Justicia la destitución inmediata del juez Orellana y convocó a la Organización de Estados Americanos a una sesión extraordinaria para abordar la crisis.
La evidencia es clara: los actos de Fredy Orellana y Consuelo Porras no pueden considerarse meras irregularidades judiciales. Constituyen un ataque sistemático a la democracia, a la Constitución y a la voluntad del pueblo guatemalteco. La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación ética y legal de intervenir con firmeza.
La permanencia de Orellana en el cargo representa un riesgo directo para la institucionalidad y un mensaje peligroso sobre la impunidad de quienes buscan subvertir el orden democrático.
La historia juzgará a quienes permitieron que la justicia se convirtiera en un instrumento de poder político. La CSJ debe actuar sin dilación: la democracia guatemalteca está en juego.