El presidente Alejandro Giammattei generó controversia al expresar su respaldo a la fiscal general Consuelo Porras, quien es acusada de entorpecer los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Pese a las críticas recibidas, el gobernante ha mantenido su apoyo hacia la jefa del Ministerio Público (MP), lo que provocó un debate acalorado tanto a nivel nacional como internacional.
“Los resultados del Primer Informe del MP que entregó la Dra. María Consuelo Porras confirman que la decisión de nombrarla de nuevo en el cargo fue acertada. Reconocemos que, particularmente en su gestión, se respeta el imperio de la ley y que nadie es superior a ella», escribió Giammattei en sus redes sociales, tras hacerse presente en el acto oficial.
Porras, sancionada por Estados Unidos por «corrupción» en 2021, es constantemente señalada de obstaculizar los avances en este ámbito. Varios sectores de la sociedad guatemalteca, así como organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, han expresado su preocupación y descontento ante estas acciones, argumentando que minan la confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Sin embargo, dicha versión la niega el gobierno y el Ministerio Público.
Porras detuvo investigación contra Giammattei
La fiscal forma parte de la Lista Engel del Departamento de EE. UU. “debido a su participación en hechos significativos de corrupción”. El argumento de la inclusión en este listado es que, durante su gestión, “obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”.
Antes de exiliarse, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, Juan Francisco Sandoval, considerado por Washington como un «campeón anticorrupción«, denunció que Consuelo Porras no le permitió continuar con investigaciones que alcanzaban a Giammattei, entre ellas una denuncia por la presunta recepción de un soborno de empresarios rusos que buscaban una concesión de instalaciones portuarias.
El discurso “disfrazado» de Giammattei
Convergencia por los Derechos Humanos alertó de las acciones impulsadas por el gobierno de Alejandro Giammattei, que bajo el discurso de pacificación se oculta la persecución y criminalización hacia quienes defienden la democracia, la justicia y la paz.
Asimismo, dicha organización realizó una serie de demandas a Karim Ahmad Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, luego de que el presidente de Guatemala saliera a respaldar a Consuelo Porras e impulsara discursos de pacificación como por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania.
“Cualquier esfuerzo de pacificación y de esclarecimiento de actos de lesa humanidad no deben ser impulsados por gobiernos o estados que han desmantelado sus esfuerzos internos de construcción de la paz, la justicia y la democracia, como las realizadas por el gobierno de Alejandro Giammattei que desmanteló la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Secretaría de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento y la Secretaría de Asuntos Agrarios, creadas en cumplimiento de los Acuerdos de Paz que puso fin al conflicto armado en Guatemala», manifestó Convergencia por los Derechos Humanos.
Asimismo, señala que los esfuerzos por liderar el establecimiento de un Tribunal Especial para juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en la guerra entre Ucrania y Rusia, buscan ocultar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Guatemala, como evidencia de ello:
- Más de 30 operadores de justicia están en el exilio, derivado de la persecución en su contra por haber investigación casos de corrupción e impunidad donde funcionarios de gobierno estuvieron involucrados; así mismo, contra operadores de justicia que tuvieron a su cargo la investigación de delitos de lesa humanidad y genocidio ocurridos durante el conflicto armado interno en Guatemala.
- Medios de comunicación independientes, periodistas y columnistas por el solo hecho de informar a la sociedad de la corrupción, los crímenes y acciones contra derecho perpetradas desde el poder están siendo perseguidos penalmente.
- Más de 20 personas defensoras de derechos humanos están en el exilio por su lucha en contra de la corrupción e impunidad en Guatemala.
- La persecución penal también se ha dirigido en contra de abogados y abogadas defensores de los operadores de justicia y periodistas. La manifestación ciudadana en contra de la corrupción e impunidad es estigmatizada y criminalizada
- Estar alerta de las acciones impulsadas por el gobierno de Alejandro Giammattei, que bajo el discurso de pacificación se oculta la persecución y criminalización que afrontan las personas que defienden la paz, la justicia y la democracia en Guatemala.