El exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, volvió a pronunciarse públicamente tras varios años de silencio. En una entrevista con Revista RAYA, el excomisionado expuso lo que considera una estrategia regional para obstaculizar las luchas anticorrupción en países como Guatemala y Colombia, liderada por sectores políticos de extrema derecha y respaldada por redes de poder económico y judicial.
Según Iván Velásquez, existe una conexión directa entre operadores políticos guatemaltecos involucrados en redes de corrupción y figuras del uribismo en Colombia, específicamente vinculadas al expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora María Fernanda Cabal. Ambos habrían manifestado públicamente su respaldo a campañas para desacreditar la labor de la CICIG en Guatemala durante su mandato, advirtiendo que representaba “un peligro” para la democracia, entendida por esos sectores como la protección de sus intereses personales.
La persecución desde Guatemala
Velásquez también señaló que la persecución judicial en su contra, encabezada por la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirigida por Rafael Curruchiche, forma parte de una represalia contra su trabajo al frente de la CICIG. Recordó que hace años ya se había intentado promover una orden de captura en su contra, y recientemente se formalizó una a través de una corte de apelaciones, instancia que no tiene competencia legal para emitir ese tipo de resoluciones.
Interpol rechazó la emisión de una alerta roja solicitada por Guatemala, al considerar que la petición no cumplía con los requisitos internacionales. Sin embargo, la fiscalía ha insistido en revivir el caso, a pesar de los cuestionamientos legales y del rechazo internacional.
Coalición política y judicial
Velásquez atribuyó estas acciones a una coalición política y judicial interesada en frenar los procesos de renovación democrática en Guatemala. Afirmó que los actuales ataques provienen tanto de funcionarios del Ministerio Público como de ciertos empresarios y políticos vinculados a estructuras corruptas como la Fundación contra el Terrorismo líderada por Ricardo Méndez-Ruiz. No obstante, también destacó que dentro del país existen actores democráticos, incluyendo empresarios y figuras políticas comprometidas con una transformación institucional.
El excomisionado resaltó el respaldo recibido tanto del gobierno de Colombia como del gobierno del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, quienes expresaron públicamente su rechazo ante los intentos de criminalización de su figura. Recordó que, tras conocerse la orden de captura, el Ejecutivo guatemalteco lamentó la situación y cuestionó públicamente la actuación de la fiscal general.
Velásquez concluyó que la persecución en su contra y contra otros operadores de justicia es parte de una agenda de venganza impulsada por sectores que temen una repetición del despertar cívico ocurrido en Guatemala en 2015. Asimismo, advirtió que existe una articulación transnacional de extremas derechas que comparten una visión autoritaria, opuesta a los esfuerzos por instaurar sistemas judiciales independientes y transparentes.