Claudia González, la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), galardonada en Holanda con el prestigioso Premio de «Abogados para Abogados» (Lawyers for Lawyers) en reconocimiento a su valiente trabajo en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, detrás de este honor se esconde una compleja trama de venganza y persecución que involucra a una estructura criminal conformada por siete individuos señalados por actos de corrupción.
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Estructura criminal al descubierto
- Blanca Stalling
La cabeza visible de esta estructura criminal es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En 2017, Blanca Stalling fue capturada por tráfico de influencias, lo que reveló su participación en actividades ilícitas que socavaron la justicia guatemalteca.
- Consuelo Porras
Otra figura fundamental en esta trama es la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP). Su papel en esta estructura es crucial, ya que ha desempeñado un papel activo en la persecución de Claudia González y otros operadores de justicia.
- Otto Fernando Molina Stalling
El hijo de Blanca Stalling también está implicado en esta red de corrupción. Su participación en el caso Igss-Pissa lo vincula directamente a actividades ilegales relacionadas con la corrupción.
- Noé Rivera Vásquez
El fiscal de Asuntos Internos del Ministerio Público, es una pieza clave en la maquinaria de Consuelo Porras. Su función principal es criminalizar a operadores de justicia que se oponen a la corrupción.
- Jimi Bremer
Décimo de Instancia Penal ha sido identificado como el encargado de casos de criminalización y se ha ganado una reputación por favorecer a narcotraficantes. Su rol en esta estructura es favorecer a aquellos involucrados en actividades ilícitas.
- Delmy Castañeda González
Abogada de Blanca Stalling, tiene un historial conflictivo que incluye procesos de antejuicio y capturas. Su conexión con esta trama es evidente, ya que defiende activamente los intereses de los involucrados en la corrupción.
- Lesther Castellanos
El Relator contra la Tortura, que denunció el proceso en contra Virginia Laparra, exfiscal antimafias condenada ilegalmente por supuesto abuso de autoridad en un polémico juicio. Su participación en la estructura radica en su papel como denunciante y voz a favor de la corrupción.
Caso de Claudia González bajo reserva
El viernes 22 de septiembre de 2023, el juez Jimmi Bremer añadió un nuevo capítulo a esta trama al abrir un proceso penal contra Claudia González, exmandataria de la CICIG. La abogada y defensora de Derechos Humanos enfrenta acusaciones de supuesto abuso de autoridad en un caso bajo reserva.
Según la investigación del Ministerio Público, González inició una investigación en 2017 contra la magistrada Stalling sin autorización, quien, a su vez, presionó al juez Carlos Ruano para favorecer a su hijo en un caso de corrupción.
La decisión de Bremer genera un debate intenso, ya que el fallo carece de lógica, dado que el delito de abuso de autoridad generalmente se aplica a trabajadores del Estado. Claudia González cuestionó la imparcialidad del juez, señalando su estrecha relación con la magistrada Stalling.
«Él (el juez) dijo que hizo una interpretación extensiva de que la CICIG era una organización internacional y por eso yo soy funcionaria pública (…), sabemos que la magistrada Blanca Stalling es su jefa, ¿qué podemos esperar?», cuestionó González.
El juez ordenó la prisión preventiva de González en un cuartel militar de la capital guatemalteca y otorgó tres meses al Ministerio Público para completar su investigación.
La abogada fue detenida el 29 de agosto y las audiencias fueron suspendidas en varias ocasiones, ante ello una sala de apelaciones dio el jueves un plazo de 48 hora a Bremer para dictar un veredicto.
Con la decisión de Bremer, González se suma a una treintena de exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción que ahora están detenidos o exiliados, procesos penales condenados por Estados Unidos.
Contexto Internacional
Según el estatuto y reglamento de personal de las Naciones Unidas, los miembros del personal son considerados funcionarios públicos internacionales. Esto plantea un desafío legal en el caso de González y su relación con la CICIG. La comunidad internacional sigue observando de cerca los eventos que se desarrollan en Guatemala en relación con la justicia y los derechos humanos.
“Los miembros del personal son funcionarios públicos internacionales. Sus responsabilidades como funcionarios no son de orden nacional, sino exclusivamente de orden internacional», detalla el estatuto y reglamento de personal de las Naciones Unidas, por lo tanto el proceso en contra de la exmandataria de CICIG es ilegal.
Antecedentes de la CICIG: lucha contra la corrupción
La CICIG, avalada por la ONU entre 2007 y 2019, desmanteló redes de corrupción estatal en Guatemala, lo que la convirtió en un objetivo de aquellos que buscaban mantener la impunidad.
González y los otros exfiscales son señalados en su mayoría de abuso de autoridad por el MP dirigido por Consuelo Porras, a quien Estados Unidos incluyó en 2021 en una lista de personajes «corruptos».
Como abogada, González defendía a la exfiscal antimafias Virginia Laparra, condenada el año pasado a cuatro años de prisión por abuso de autoridad, en un polémico juicio criticado por Estados Unidos y la Unión Europea. También defiende al exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado desde 2021 tras ser destituido por Porras.
Este caso continúa generando preocupación a nivel nacional e internacional, y la comunidad global sigue observando de cerca los eventos que se desarrollan en Guatemala en relación con la justicia y los derechos humanos.
La lucha contra la corrupción y la impunidad es una batalla que no ha concluido, y la persecución de operadores de justicia como Claudia González arroja luz sobre los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de la justicia y la transparencia.